Ir al médico, poner una denuncia en la Policía, acudir a un juicio, hacer la declaración de la Renta o matricularse en la Universidad son gestiones cotidianas que requieren que el ciudadano y el funcionario de turno se comuniquen. Para muchos de los 34.140 sevillanos con discapacidad auditiva este papeleo del día a día supone todo un reto. No pueden escuchar lo que les piden ni decir lo que necesitan, o más bien sí pueden, pero en un sistema de comunicación que su interlocutor no suele conocer: la lengua de signos.
El Parlamento andaluz acaba de aprobar la ley que regulará el uso de esta lengua y garantizará medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas. Es la primera comunidad que desarrolla esta norma siguiendo la estela de la nacional, y una de las previsiones es duplicar el número de intérpretes de lengua de signos a disposición de los sordos para relacionarse con la administración (281 en Andalucía). En Sevilla, hay tres para las gestiones diarias (próximamente se ampliarán a cinco). Otros 20 acompañan cada día a los alumnos sordos a sus clases en los colegios e institutos. La Universidad también los ofrece a través de la unidad de atención al estudiante discapacitado.
La ley prevé, además de aumentar la plantilla disponible para gestiones puntuales, que haya intérpretes fijos en las principales estaciones de transportes y garantizar servicios de teleintérpretes para acceder a todos los teléfonos públicos de información y atención al ciudadano. Ya existe este sistema para el 112, de forma que una persona sorda que quiera contactar con éste debe llamar a otro número si tiene videoteléfono (666 530 000) o poner un SMS donde le atienden unos teleintérpretes que simultáneamente por otra línea llaman al 112 y explica su emergencia. El objetivo es que esté disponible para Salud Responde o los teléfonos de atención a víctimas de malos tratos, de mayores, juventud, etc...
La ley es aplaudida por la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS) porque "consolida el derecho" a servicios que ya se prestan pero que dependen mucho de la voluntad política y la dotación presupuestaria anual, con la consiguiente "incertidumbre" y más en tiempos de "recortes". La memoria económica que acompaña a la norma compromete una inversión inicial de 406,4 millones de euros hasta 2014.
Además, según explica el presidente de FAAS, Alejandro García, no solo garantiza servicios que ya existen sino que crea otros nuevos, como la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, encargado de facilitar la participación de este colectivo y su accesibilidad en diferentes ámbitos, desde la educación a los plenos de las instituciones públicas o el ocio y los medios de comunicación. Y es que precisamente el ocio es "la asignatura pendiente". El presidente de FAAS reconoce que, aunque las necesidades son muchas y no todas se cubren, las instituciones han hecho un importante esfuerzo y se ha avanzado mucho en el acceso a la educación, la sanidad, la justicia y los servicios esenciales. Sin embargo, si el reciente Decreto de Accesibilidad destinado a eliminar las barreras arquitectónicas contemplaba espacios como las playas o los museos, se dejó de lado "la accesibilidad en el ámbito de la comunicación". En Sevilla, ningún cine ofrece sesiones subtituladas salvo las de versión original del Avenida, y solo la Catedral dispone de signoguías (como audioguías pero con pantallas donde se siguen las explicaciones en un vídeo en lengua de signos o con subtítulos).
"Las herramientas existen. Por ejemplo pantallas con subtítulos como las de la ópera, pero ¿cómo se obliga? Por ley. No puede ser una cuestión de voluntad", explica García. A su juicio, es de lo primero que la ley debe desarrollar pues "ya recoge la obligación de eliminar las barreras de comunicación". También aumentar la ratio de intérpretes por sordos. En países nórdicos hay uno para cada seis sordos. En España, 1 cada 120. "En Sevilla, cuando una persona solicita un intérprete para hacer un trámite un día, si llega otro y coincide la hora debe cambiarlo, y se generan listas de espera", reconoce.
