De 2001 a 2010 un total de 81.464 trabajadores en Andalucía fueron víctimas de un Expediente de Regulación de Empleo. De esos, 6.473 recibieron ayudas públicas. ¿Por qué esos y no otros? En eso consiste la discrecionalidad política. Se elige pensando en el interés público. Sus empresas se acogieron a un fondo de ayudas sociolaborales reguladas en un convenio de 17 de julio de 2001 y firmado entre la Consejería de Empleo y el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después Agencia IDEA. No busquen ese convenio en el BOJA, ni en el Diario de Sesiones del Parlamento ni en Google porque nunca se llegó a publicar. No se le dio publicidad ni se informó a los ciudadanos de que esa norma existía ni de las condiciones que había que cumplir para acogerse a las ayudas. El dinero se sacó de la Consejería de Empleo y se convirtió al IFA, después IDEA, en la caja que pagaba las ayudas. Se ganaba así agilidad, dicen. Pero se eludían controles, explican.
De ese fondo se nutrieron los trabajadores de Delphi o Santana -dramas sonoros de Cádiz y Jaén- pero también un laboratorio de fotos, un restaurante o pequeñas empresas de la construcción. ¿Por qué? Ahí es donde entra el debate de si la discrecionalidad se convierte en arbitrariedad. Según la RAE: acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho. En los casos de esas pequeñas empresas la clave era ser cercano al exdirector general de Trabajo, pertenecer al círculo socialista o tener conexión con algunos de los mediadores. Porque había sindicalistas y comisionistas de las compañías aseguradores que estaban "especializados" en este tema, explicó en la comisión el exconsejero Antonio Fernández. Y todo esto, más allá de los intrusos que se colaron en las pólizas.
Fernández también dejo muy claras dos cosas. Ese fondo para emergencias que articuló la Junta iba cada año recogido en los Presupuestos y los diputados de los distintos partidos siempre habían pedido, ante conflictos concretos de su provincia, que se elevaran las indemnizaciones públicas. Y otra afirmación clara del exconsejero al que este asunto arrastró a la cárcel: ese fondo contaba con el respaldo de la mesa de la concertación social, donde se sentaban empresarios y sindicatos, que también podían llevar a las empresas de la mano hacia esa bolsa de ayudas extraordinarias. Esa paz social, de la que Andalucía disfrutó durante más de una década, es clave para entender la mentalidad que imperó en aquellos años de abundancia y alegrías presupuestarias.
También repartió ayudas extraordinarias y discrecionales el Gobierno central en el ERE de la Faja Pirítica. Quizás, como insinuó el PSOE, tenía fines políticos o buscaba rédito electoral. Pero esas ayudas tenían un soporte legal en una orden del Ministerio publicada en 1995 y la relación de los beneficiarios se publicaba, explicó el exministro Eduardo Zaplana, aunque no en el BOE, sino según correspondía a un acuerdo administrativo entre las partes. Si una orden cómo esa que casulamente dictó Griñán Martínez, entonces ministro y hoy presidente, existiera en Andalucía, posiblemente el caso de los ERE no sería una causa general, ni una mancha generalizada de corrupción, como denuncia el PSOE. Sería el fraude de los intrusos. Poco más.
