Los primeros días del año no están siendo tranquilos precisamente para la industria naval andaluza. Tras una sucesión de reproches entre compañía y Administración regional, la junta general de accionistas de Astilleros de Huelva -dueño del 80% del sevillano- ha aceptado el ofrecimiento, a título personal, de varios accionistas de ceder a la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía los derechos de sus acciones, como un modo de replantear el futuro y la salvación de la empresa. Los trabajadores valoraron positivamente esta cesión, aunque mantendrán el encierro en la factoría onubense.
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la Agencia IDEA, firmó el pasado 22 de diciembre el acuerdo que regula los compromisos y acciones para salvaguardar los astilleros de Huelva y Sevilla. El pacto alcanzado exigía que al menos el 51% del accionariado de Astilleros de Huelva ceda sus derechos al nuevo apoderado/administrador para la puesta en marcha de un plan de acción que apuesta por el mayor mantenimiento posible de la actividad y del empleo.
Fuentes de la empresa destacaron que la cesión de los derechos fue realizada "a título personal, manifestando en el Consejo que lo hacían por presiones familiares, coacciones y amenazas", y accedieron a la firma con carácter previo de la cesión de unos derechos que, si bien no se ha hecho pública la cifra total, sí supera el 51% exigido por la Junta.
El Consejo, celebrado en un despacho particular de Huelva, ante el encierro de los trabajadores en la factoría desde el 21 de diciembre, acordó además proponer al apoderado único de la empresa, que IDEA tendrá que aprobar, en la persona del ex director general de Cajasol, Rafael López-Tarruella.
El nombramiento deberá pasar el trámite de la junta de accionistas, prevista para mediados de febrero, y entre sus primeras gestiones, está la de reunirse con los armadores, Pymar, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, la Agencia IDEA, los estructuradores y las entidades financieras, para hacer viable la finalización de los contratos relativos a los buques 845 y 846 en Huelva.
López-Tarruella, de 58 años, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Internacional San Telmo, auditor de cuentas y experto en Contabilidad y Auditoría de Entidades de Crédito por la Escuela Superior de Cajas de Ahorro (ESCA).
Comenzó su andadura en Banca March en Madrid, y desarrolló gran parte de su carrera en la antigua Caja Rural de Huelva. En 2001, tras la fusión entre la Caja Rural de Huelva y la Caja Rural de Sevilla, que dio lugar a la creación de la Caja Rural del Sur, López-Tarruella fue uno de los principales responsables de conducir el proceso de integración de ambas entidades.
También desempeñó, entre otros, el cargo de director de la división de Banca de Empresas y Gestión de Patrimonios de la citada entidad, así como miembro del Comité de Negocio de la citada entidad.
Por otra parte, el acuerdo pretende un desarrollo sostenible de Astilleros de Sevilla mediante la incorporación de nuevos inversores que asuman la dirección y gestión de la empresa tomando una participación mayoritaria a través de una nueva compañía en el capital social de Astilleros de Sevilla.
A este respecto, Astilleros de Huelva reclama que los de Sevilla nombren también administrador único en breve, con el fin de desbloquear la situación lo antes posible.
