La presidenta de la Asociación de Mujeres separadas y divorciadas, Ana María Pérez del Campo, pidió hoy "responsabilidades" a jueces y fiscales, tras el último asesinato de violencia de género en Guadalajara, al entender que se trata de una muerte "claramente evidenciada" porque el presunto asesino tenía ya dos denuncias y una orden de alejamiento.
Para Pérez del Campo el incumplimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género, "por parte de algunos jueces", "facilita estos crímenes", ya que, a su juicio, "la mujer está completamente indefensa por la mala aplicación de la norma". "Este final estaba más que anunciado", lamentó, en declaraciones a Europa Press.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto afirmó que tras este crimen, "hay que pedir, una vez más, a los responsables de la justicia y a los agentes sociales, que se tomen en serio las medidas de protección a las mujeres maltratadas, para la prevención de estos asesinatos".
En la misma línea, la directora del Area de Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), Covadonga Naredo, afirmó que "algo falla para que un hombre acusado de maltrato, y con orden de alejamiento, todavía lleve consigo una pistola".
Naredo recordó, además, que el menor de cuatro años, hijo de la pareja, y que presenció hoy la escena violenta, "también es una víctima directa de toda esta situación". "Por eso es necesario que todos los agentes que operamos para combatir este problema, nos pongamos las pilas, para que se den sentencias y se vigile el cumplimiento de las normas".
