La paulatina desaparición de las cabinas públicas ha provocado que muchos alcaldes andaluces hayan levantado la voz para evitar que este servicio desaparezca de sus municipios, puesto que aunque cada vez sean menos utilizadas porque la telefonía móvil se ha impuesto, todavía hay muchas personas que carecen de una línea de móvil y de teléfono fijo en su casa. A esto se une que hay localidades, fundamentalmente de las sierras de Cádiz y Huelva, donde tener cobertura es todo un lujo. Ante estas quejas, la Junta de Andalucía ha reaccionado y ha enviado una circular a los 771 ayuntamientos andaluces para informar de que los regidores tienen la potestad de frenar este progresivo desmantelamiento de los teléfonos públicos.
Como se indica en el escrito que la Dirección General de Administración Local ha remitido a los alcaldes, el Gobierno central adjudicó este servicio a la compañía Telefónica, «que opera a estos efectos como Movistar» y cuyo vencimiento de la adjudicación concluye el 31 de diciembre de 2016. Por ello, esta empresa, según remarca la Junta, debe cumplir con sus obligaciones hasta esa fecha.
Es más, en el Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre las Condiciones para la Prestación de Servicios de Comunicaciones Electrónicas, el Servicio Universal y la Protección de los Usuarios establece en su artículo 32 que los teléfonos públicos son un servicio universal, «por lo que el operador designado para la prestación deberá garantizar una oferta». Determina que debe haber, al menos, un teléfono público de pago y uno más por cada 3.000 habitantes en cada municipio de más de 1.000 vecinos. Y especifica además que las localidades de menos de 1.000 vecinos en los que esté justificado por, entre otras cuestiones, haber baja penetración del servicio del teléfono fijo, la falta de accesibilidad al teléfono móvil o la elevada tasa de población flotante también deberán tener un teléfono público de pago.
Por el momento, la Junta se ha limitado a explicar a los alcaldes sus derechos, es decir, que tienen en su mano la facultad de reclamar a Telefónica que cumpla la normativa y mantenga las cabinas públicas reglamentarias en perfecto estado hasta diciembre de 2016.
No obstante, el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, está dispuesto a ir más allá y a través de Consumo presentar una denuncia contra la compañía por incumplimiento de sus obligaciones si algún regidor interpone una denuncia. Por el momento no se ha dado este paso porque hasta la Junta de Andalucía sólo han llegado quejas.
El problema de la falta de cabinas públicas de pago en espacios públicos es preocupante. Camacho pone el ejemplo de una emergencia, como un incendio, por el que haya que llamar al 112. Si no se dispone de una cabina, insiste, puede pasar que no se dé la voz de alarma a su debido tiempo, una situación que «se puede producir en municipios con falta de cobertura o a los que se les haya caído la red de telefonía móvil».
Asimismo, lamenta que este desmantelamiento de las cabinas públicas está afectando fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos como los inmigrantes, ya que muchos las utilizan para tener un mayor control de sus gastos.
Esta retirada de las cabinas públicas donde más se está notando es en los núcleos de población más pequeños, aunque en algunos casos como la pedanía de San Ignacio de El Viar, de Alcalá del Río (Sevilla), este servicio público se ha mantenido gracias a que su alcalde formuló una queja formal ante Telefónica.
El desmantelamiento de los terminales públicos también se está dejando notar en algunos puntos de las grandes ciudades. Por ello en Málaga, el grupo municipal de IU instó al gobierno local a que garantizase el acceso universal a los teléfonos públicos. En los municipios gaditanos de Jerez y Algeciras también los consistorios lograron frenar la retirada de cabinas. Telefónica. La empresa Telefónica, a la que el Gobierno central adjudicó el servicio de gestión de las cabinas de teléfono públicas hasta el 31 de diciembre de 2016, afirma que está cumpliendo a rajatabla el acuerdo que cerró con la Administración. Fuentes de la compañía insistieron en que se están manteniendo todos los terminales que exige la ley y aclararon que sólo se ha procedido a retirar algunas cabinas en localidades donde actualmente hay buena cobertura de telefonía móvil, pero siempre cumpliendo con la legalidad vigente que establece la normativa.
Asimismo, señalaron que la empresa está abierta al diálogo para llegar a acuerdos con los ayuntamientos, y así no dejar desasistida a la población de un servicio público, aunque por ley Telefónica no esté obligada a mantener estas cabinas.
Esta retirada de terminales en algunos puntos coincide con el menor uso de los teléfonos públicos por el crecimiento de la telefonía móvil. A esto se une que las cabinas de teléfono son objeto de numerosos actos vandálicos, lo que supone que su puesta a punto y su mantenimiento sean muy elevados. En algunos puntos, para evitar estos destrozos, se está optando por reubicarlas en lugares cerrados.
Según ha podido saber este periódico, otras empresas de telefonía también pueden optar a instalar cabinas de teléfono públicos, pero éstas se están limitando a montar estos servicios en zonas donde son muy rentables como ocurre en la Costa del Sol de Málaga, donde estos terminales públicos sí son muy utilizados y generan beneficios.
