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Afectados por la hipoteca, vecinos y Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se unen por 22 viviendas para alquiler social

La promotora no estaría cumpliendo la ley al no ocupar las casas en un periodo de un año

el 09 ago 2014 / 12:30 h.

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Miembros de la Plataforma Antidesahucios de Sevilla delante de las oficinas de Disean. Miembros de la Plataforma Antidesahucios de Sevilla delante de las oficinas de Disean. El grupo de participación ciudadana Sanlúcar? Pues... Participa, la Plataforma Antidesahucios de Sevilla (PAH) y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor llevan dos meses luchando para que la promotora de las viviendas Balcón del Sol, Disean S.L., ponga a disposición de los Servicios Sociales municipales parte o la totalidad de las 22 viviendas que a día de hoy están vacías y que cubrirían la necesidad de varias familias sanluqueñas que está a punto de perder su vivienda. Es el caso de José Antonio y su familia. Este vecino de Sanlúcar la Mayor lleva más de un año con su vivienda apuntalada. Después de solicitar a la Junta de Andalucía una subvención para solucionar las deficiencias de su vivienda y que esta se la denegara por falta de presupuesto, José Antonio se ha visto obligado a solicitar la dación en pago a su banco. Con la fórmula concedida, ahora este sanluqueño y su familia buscan para septiembre una vivienda por un alquiler inferior a los 200 euros, ya que el único ingreso que tienen es de algo más de 400 euros mensuales. Con esta retahíla de argumentos, ayer, tanto la PAH como miembros de la asociación de participación ciudadana de Sanlúcar se concentraron ante las puertas de la promotora –justo al lado de la citada promoción de viviendas, que resulta estar calificada de Protección Oficial– para reclamar no sólo un hogar para José Antonio, sino para que pongan a disposición del Ayuntamiento estas viviendas con tal de crear una bolsa de alquiler social. Y aunque las dos plataformas y el Consistorio, junto con la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía en Sevilla, Granada Santos, han intentado negociar con la promotora, esta se cierra en banda y de los 300 euros a los que a día de hoy alquila sus viviendas no baja, ya que sostiene es el precio regulado por ley. Pero no está todo perdido, alegan los involucrados, que aún les queda una baza: la ley. Y es que, según la legislación vigente, estas VPO de promoción privada tienen que ocuparse en un plazo de un año, «periodo que ya ha vencido en este caso y que obligaría a la promotora a ocupar las viviendas», sostiene el portavoz de la PAH, Antonio Colmenar. Sin embargo, por ahora, según el alcalde de la localidad, Antonio Manuel Pérez, esperarán a que se efectúe una última reunión –de la delegada con la promotora– antes de acudir por la vía legislativa. Y es que, como recalcó ayer el primer edil, «más que un asunto de números, se habla de un problema social, por lo que si no se arregla por la vía pacífica habrá que denunciar». Una vez que lo consigan, la idea del Consistorio, junto a Sanlúcar? Pues...Participa, es crear una bolsa de alquiler social, que esté regulada por el servicio municipal de Servicios Sociales, «en el que además de tener en cuenta la situación socioeconómica de los posibles beneficiarios –sobre todo a la hora de estipular el valor del alquiler–, se rija por un seguro de responsabilidad civil», explica su portavoz, Vicente Terenti. Además del apoyo por parte del equipo de Gobierno, el secretario general del PSOE sanluqueño, Raúl Castilla, se acercó ayer a la concentración –no exenta de controversia por un permiso mal expresado que indicaba un lugar distinto a donde se debía haber desarrollado y que obligó al grupo a separarse para no incumplir la ley–. Castilla instó al Gobierno a seguir articulando «medidas eficaces» para que los vecinos «accedan a una vivienda digna».

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