Va a ser el 2009, que acabamos de estrenar un año marcado por las consecuencias de la crisis, caída ya en recesión y, según apuntan algunos, con serio peligro de deflación, que conlleva la preocupante consecuencia de la paralización económica. Bueno, pues en estas circunstancias, se intentan ultimar los flecos del acuerdo sobre financiación autonómica. A este respecto, la reunión de Zapatero con Montilla y Chaves, ha encendido las luces de alarma en el resto de gobiernos autonómicos, tanto del PSOE como del PP, que piensan que ese gesto puede ser un síntoma de un acuerdo discriminatorio para sus respectivas autonomías.
No es la primera vez que escribo que las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación, tendrían que haberse dejado para un momento, en que el panorama económico hubiese estado más despejado, de forma que las arcas del Estado no estuviesen sufriendo la actual presión. Tienen que afrontar desembolsos extraordinarios, cuando la recaudación ha sufrido, y va a sufrir, un serio descalabro. Para entendernos, es como si a uno le reducen el sueldo y, al mismo tiempo, le suben el doble la hipoteca. Un desastre. Pues eso es lo que está pasando.
Como es lógico, en esta coyuntura, tampoco es un buen momento, por no decir que es el peor, para poner sobre la mesa el problema de financiación de los ayuntamientos, muchos de los cuales, si se tratase de empresas privadas, estarían en suspensión de pagos -de hecho algunos ya lo están- o declarados en quiebra.
Me contaba el otro día un alcalde socialista, con una dilatada trayectoria política, que en su ayuntamiento los ingresos han caído a casi la mitad del año pasado, pero que los gastos siguen iguales y con tendencia a aumentar. Por ejemplo, el plan de ayuda del Gobierno para financiar obras en los municipios, les va a suponer unos gastos de gestión que no tenían previstos, pero que tienen que asumir. Cierto es que podrán realizar obras, más bien pequeñas, que no estaban contempladas y que parados, sobre todo del sector de la construcción, en lugar de percibir el desempleo -y constar oficialmente como parados en el INEM- van a cobrar un sueldo mientras duren las obras. Pero los ayuntamientos seguirán más pobres.
El problema ahora es quién le pone el cascabel al gato. Porque el gobierno no está para ninguna alegría y las autonomías, mientras resuelven, o no, el problema de su sistema de financiación, en las condiciones más adversas que se podían imaginar, tampoco le van a prestar atención a las cuitas municipales. Por muchas declaraciones políticamente correctas que se hagan, todo el mundo sabe, y los alcaldes los primeros, que sólo es un humo. Así que, si nadie lo remedia, bajará la calidad de los servicios, los ayuntamientos se entramparán aún más y el pato al final lo pagarán los de siempre.
Periodista
juan.ojeda@hotmail.es
