Por si fueran pocos los frentes abiertos en el PP a cuenta de las investigaciones de la trama Gürtel, cuyo último episodio es la petición de suplicatorio del Supremo para seguir investigando al ya ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, hoy además tendrán que declarar ante la juez de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcárcel, tres asesores de seguridad de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid por el caso de los espionajes políticos. Se intenta aclarar si hubo malversación de fondos públicos por parte de esta consejería, un delito que se habría cometido si se demuestra que desde este departamento se sufragaron los gastos necesarios para espiar a altos cargos del PP. La juez ha citado a los asesores en virtud de los informes policiales en los que se asegura que espiaron al entonces consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, una actuación que habrían repetido con el vicealcalde de la capital y número dos de Gallardón Manuel Cobo. Ambos seguimientos se habrían producido entre marzo y mayo del pasado 2008, cuando Aguirre disputaba a Rajoy la presidencia del partido tras las elecciones generales y los dirigentes populares recelaban los unos de los otros. La Justicia dirá si se pueden acreditar o no los espionajes y fallará en consecuencia, pero si sigue la instrucción, llegará la hora de reclamar también responsabilidades políticas por unos hechos inadmisibles y que dicen muy poco del talante democrático de algunos dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid. Aguirre y su consejero de Interior, Francisco Granados, no pueden seguir tildando de invenciones todas las informaciones aparecidas. Aquí lo que hay es una investigación policial que ha sido remitida al juzgado correspondiente para que proceda a la instrucción del caso. Lo demás es ganas de desviar la atención sobre unos hechos escandalosos que dicen bien del clima de relajación ética que se respira en determinados ambientes del PP en Madrid.
