La juez instructora del caso Mercasevilla ha archivado la causa respecto a seis empresarios que pujaron por la compra de los suelos de la lonja, pues no se les puede aplicar la prevaricación y los delitos de maquinación y fraude y exacciones ilegales están prescritos.
En un auto, la juez declara extinguida la responsabilidad criminal respecto a los empresarios pero no respecto al exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, pues tenía la condición de funcionario público a efectos del delito de prevaricación. Así, se archiva la causa respecto a Juan Nicolás y Eduardo Báñez, hermanos de la actual ministra Fátima Báñez, como responsables de la empresa Juan de Robles; respecto a Ignacio Bayón, de Realia; Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Azucarera Larios; y a Martín Sánchez-Ramade y su hijo, de Edamar. Explica que respecto a estos empresarios no sería predicable el tipo de la prevaricación por extraneus o sujeto externo, como ahora solicita el ministerio fiscal al respaldar el recurso de uno de estos empresarios andaluces.
Los empresarios fueron imputados por, supuestamente, concurrir al concurso público para la venta de los terrenos de Mercasevilla con la presunta aviesa intención de fijar artificialmente un precio y que la inmobiliaria Sanma fuese la ganadora, recuerda el auto.
Mercedes Alaya aprovecha este auto para reprochar al fiscal el retraso en la causa motivado por su actitud, pues tuvo que tomar declaración a estos seis empresarios considerando que el Ministerio Fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma, perspectiva de la que ahora se aparta.
Se trata de un incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta, encaminada a la incoación de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente, afirma la juez.
A todo lo anterior hay que añadirle las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática, dice Alaya en línea con su preocupación por el eco en los medios informativos de los casos que instruye sobre Mercasevilla y los ERE falsos.
La magistrada asevera que ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal, ya que tales delitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones, un error que seguramente está justificado por la asistencia del fiscal a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias. Se trata, por tanto, de unas severas recriminaciones.
La juez declara extinguida la responsabilidad penal y da traslado de su auto a José Romero González, presidente de la inmobiliaria cordobesa Prasa, y a Bárbara Gutiérrez Maturana, que tenían presentados sendos recursos, para que manifiesten si desisten de los mismos al carecer de objeto.
En esta rama del caso Mercasvilla la juez investiga lo que ha denominado adjudicación fraudulenta del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga. En concreto, se investigaba si los pliegos para la adjudicación de los terrenos de la lonja, sitos en una zona de fuerte expansión inmobiliaria en los años centrales del boom del ladrillo, fueron amañados para que se los llevara la filial de la constructora malagüeña Sando.
Los empresarios declararon en junio como imputados y elevaron a 24 las personas acusadas en este sumario, entre ellas el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (Izquierda Unida).
Éste, en una entrevista publicada este verano por este periódico, señalaba que yo no he participado en ningún amañamiento de ningún concurso. Ni siquiera estaba en la mesa de contratación ni conocía a los catedráticos que elaboraron los pliegos. El procedimiento público impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial de la constructora andaluza Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo inmobiliario Noga.
