La jueza Mercedes Alaya. / EFE
La jueza Mercedes Alaya ha dejado en libertad con cargos al que ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña, para el que la Fiscalía ha solicitado una fianza de 200.000 euros después de que éste se haya acogido a su derecho a no declarar. Para esta tarde están citados el jefe de Mantenimiento del Parque de Maria Luisa Francisco Luis Huertas y el funcionario municipal jubilado Francisco de Amores y un tercer imputado más, que las fuentes no han podido concretar.
Peña, según fuentes del caso, se ha acogido a su derecho a no declarar porque tras escuchar la lectura del auto de imputación le ha pedido a la jueza poderlo leer con detenimiento. Tras denegárselo, ha decidido no contestar a sus preguntas. Alaya le imputa los delitos de malversación y tráfico de influencias y el fiscal ha solicitado para él una fianza de 200.000 euros para asegurar la posible responsabilidad civil.
Asimismo, Alaya ha dejado en libertad a los dos empresarios de Fitonovo y al empleado de la entidad y administrador de Fiverde tras haberlos citados para tomarles declaración y ampliarles la imputación. La Fiscalía ha solicitado que se les impongan fianzas para asegurar la posible responsabilidad civil por un valor total de 3,5 millones de euros. Los tres se han acogido a su derecho a no declarar.
Mientras la Guardia Civil mantiene su despligue por 13 provincias españolas, la jueza Mercedes Alaya está haciendo lo propio en su juzgado, donde ha citado a declarar a cuatro de los trece imputados por el presunto cobro de dádivas a cambio de contatos municipales. Los citados son los dos empresarios de Fitonovo Rafael González y José Antonio González Baró; el administrador de Fitonovo Ángel Manuel Macedo; y el ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña. Los tres primeros ya han desfilado ante la jueza y se han acogido a su derecho a no declarar, después de que la magistrada les haya leido un extenso auto de imputación, en el que asegura que los funcionarios implicados en la "red" de corrupción permitieron que se realizaran "facturas mayores de las obras" y que "los concursos se ajustaran" para que esta empresa resultara la adjudicataria, según fuentes del caso. En este mismo auto, Alaya cita a un funcionario de Administración de Estructuras Ferroviarias (Adif), quien pudo haber recibido más de un millón de euros. En el mismo también habla de un cargo de IU del área de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, que habría recibido una caja de zapatos 85.000 euros.
Tras sus comparecencias, la Fiscalía ha solicitado que se les imponga fianzas par asegurar la responsabilidad civil por valor de 3,5 millones de euros. En concreto, reclama dos millones de euros para González Baró, uno para el padre de este y medio millón de euros para Macedo. En el caso de Peña, la magistrada le ha citado ya que, pese a estar imputado desde diciembre de 2013, aún no había declarado ante ella por estos hechos. Hasta ahora lo había hecho ante la Guardia Civil. Su imputación le supuso el cese inmediato del cargo por orden del alcalde, Juan Ignacio Zoido.
Además de ellos, hay nueve imputados más entre empresarios, funcionarios y el ex alto cargo socialista Domingo Enrique Castaño, cuya investigación de su patrimonio ha sido la que destapó esta nueva supuesta trama de corrupción.
