La jueza Mercedes Alaya ha ordenado el ingreso en prisión preventiva el exconsejero de Empleo Antonio Fernández después de que se lo reclamasen la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias. Fernández ha salido para la cárcel de Morón a las 08.00 de la mañana, tras esperar toda la madrugada que la jueza redactara el auto de prisión para el exconsejero. La Junta y UGT se habían desmarcado de esta petición, solicitando que compareciera cada semana en el juzgado y que se le retirara el pasaporte. Es la primera vez en la historia que un exconsejero andaluz ingresa en prisión.
La decisión se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias hayan solicitado prisión sin fianza para Fernández a quien la jueza Mercedes Alaya imputa seis delitos, cuatro de ellos continuado. La Junta, en cambio, ha reclamado que se persone cada semana en el juzgado y se le retire el pasaporte.
Tras cuatro días escuchando a Fernández, las acusaciones han coincidido en solicitar el ingreso en la cárcel como medida cautelar dado la gravedad de los hechos que se le imputan, la posibilidad de que entorpezca la investigación y el riesgo de fuga. Los motivos de las acusaciones son los mismos por los que ya envió a prisión al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo, los dos únicos imputados por los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de los más de cincuenta que engrosan la lista.
Tras el interrogatorio del PP y de las defensas, la magistrada ha celebrado la vistilla de medidas cautelares en la que la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión preventiva y el pago de una fianza de 890 millones de euros para asegurar la posible responsabilidad civil. Una petición a la que se ha adherido todas las acusaciones, salvo la Junta de Andalucía que ha solicitado comparecencia semanal en el juzgado y una fianza de 68 millones de euros. UGT se ha adherido a esta petición, al igual que algunas de las defensas. La defensa de Fernández se ha opuesto a su ingreso en prisión porque no hay motivos suficientes.
El primer ingreso en prisión fue el de Guerrero, que se produjo la madrugada del 10 de marzo tras tres días declarando. La magistrada, además, le impuso una fianza de 686.000 millones de euros. A Guerrero le siguió su exchófer que fue trasladado a la cárcel la madrugada del 21 de marzo tras reconocer que se gastó un millón de euro de las ayudas públicas en comprar cocaína. A él le impuso una fianza de 2,3 millones de euros.
