Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver, el día de la supuesta venta de su paquete de acciones, que pone en duda la juez.
Manuel Ruiz de Lopera se expone a una pena de hasta trece años de prisión tras el auto de procesamiento que pueden leer íntegro en este enlace dictado este jueves por la juez Mercedes Alaya, quien le conmina, en el plazo de un día, a depositar una fianza de 33,3 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serle impuestas. La juez, con un auto demoledor, responde así a las peticiones de los abogados de Lopera del pasado 3 de mayo de que levantara las medidas cautelares que mantiene en su integridad y le devolviera el control del club para frenar el «caos y el récord de registros negativos».
La juez Alaya, en su auto de procesamiento, acusa a Manuel Ruiz de Lopera de enriquecerse a costa del Betis en virtud de un plan preconcebido desde que fuera vicepresidente
El Betis fue una fuente inagotable de negocio para Lopera, mantiene la juez Alaya, que calcula en 24,9 millones de euros descontados los que ya devolvió en un contrato de retorno de beneficios que firmó en 2003, cuando ya se sabía investigado el perjuicio causado al club verdiblanco por su gestión desleal al frente de la entidad.
A Lopera se le acusa de delito societario y de apropiación indebida y se expone a penas de hasta trece años y seis meses de cárcel, según recoge la juez en el auto. «En el caso de autos, es claro que atendiendo a la presunta cuantía de lo ilícitamente sustraído o apropiado, concurre la circunstancia de especial gravedad, y atendiendo a la pluralidad de perjudicados, el Real Betis S.A.D. y por consiguiente sus socios, y el 10% de su capital social representado en las asociaciones acusadoras, igualmente concurre la circunstancia de perjuicio a una generalidad de personas, por lo que la pena podría alcanzar los trece años y seis meses de privación de libertad, en el caso de apropiación indebida si por gestión desleal atendemos a su extensión máxima, y nueve años en el supuesto de delito societario», señala.
La juez, aparte de Lopera, también procesa a sus colaboradores necesarios en todo este proceso, María de las Mercedes Ferraro, Guillermo Molina, Ana María Ruiz, María Teresa González, su sobrino Francisco Javier Páez, el ex vicepresidente Ángel Martín y Luis Oliver Albesa, convocándoles a una declaración indagatoria el 28 de mayo a las 10,00 horas. En materia de fianzas, impone una de 33,3 millones de euros a Lopera; a Mercedes Ferraro, María Teresa González y Ana María Ruiz, un millón de euros en cada caso, a Francisco Javier Páez 1,66 millones de euros, a Guillermo Molina y Angel Martín 2,66 millones de euros y a Oliver 431.280 euros, con embargo de bienes en caso de no presentar las fianzas.
Tras dictar el auto de procesamiento, al que las plataformas denunciantes (Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas) piensan adherirse íntegramente para que se juzgue por procedimiento ordinario y no abreviado (en el que las penas de prisión son de 8 años, como máximo), hay que espera a ver qué posición adopta la Fiscalía y si se adhiere o no a las peticiones de la juez y si lo hace total o parcialmente.
Contra el auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación en cinco, que seguramente agotarán los abogados de Lopera.
Ahora será la Audiencia, antes de finales de junio seguramente, la que determine si se celebra el juicio contra Lopera manteniendo las medidas cautelares por entender que hay indicios de delito -lo que parece más probable, a tenor del auto de la juez, a quien la Audiencia ya ratificó en varias ocasiones las cautelares-, si hay juicio con las medidas cautelares levantadas o si se archiva el caso.
La juez Alaya, en su auto de procesamiento, decidió mantener íntegramente las medidas cautelares, pese a la reciente petición de los abogados de Lopera. «No habiéndose modificado las circunstancias que originaron la adopción de las medidas cautelares adoptadas contra D. Manuel Ruiz de Lopera y Farusa por auto de 16 de julio de 2010, se mantienen las mismas en su integridad», señala en el mismo.
NUEVO ESCENARIO. Se abre, por tanto, un nuevo escenario en la situación judicial del Betis, pendiente también de las resoluciones del juzgado de lo Mercantil, donde se litiga por el 31% de las acciones del club que Lopera tenía en su poder y que la propia juez Alaya asegura que nunca desembolsó. «En resumen el inculpado Sr. Ruiz de Lopera diseñó en esta primera fase la forma de hacerse con el control del Real Betis y con la posesión de la mayoría absoluta del capital social, pues de las 55.350 acciones con las que figura Farusa en el listado de socios de fecha 30-10-92, 30.869 acciones no se habían adquirido por ella a dicha fecha y de éstas o más, exactamente de las 36.869 acciones, (incluidas las 6.000 de las Sres. León Gómez y Morales Luna), 20.662 acciones no se abonarían nunca», dice en su auto la jueza. Un argumento que, sin duda, emplearán los denunciantes en el juzgado de lo Mercantil donde litigan por estas acciones.
Aparte de la vía penal en la que hay abierta otra causa separada contra Luis Oliver y otros ex consejeros por el saqueo al Betis y la mercantil, se está pendiente de la calificación del concuso, que puede acarrear importantes inhabilitaciones y elevadas multas para ex consejeros del club verdiblanco.
