Cuando la jueza Mercedes Alaya ordenó investigar el patrimonio del exdirector de Vía Pública y exasesor socialista Domingo Enrique Castaño no podía imaginar el alcance que podría llegar a alcanzar la que se denominaría operación Madeja. Unas diligencias que se han convertido en una nueva macrocausa en la que de investigar el posible pago de dádivas a empresas a cambio de contratos municipales, a una posible contabilidad B en la que se recogen nombres e iniciales de los que supuestamente recibieron pagos y regalos de parte de Fitonovo. Unos abonos que se vienen realizando desde 2003 hasta hace pocos días, por lo que se trataría de un sistema que se ha perpetuado hasta con el actual Gobierno local del PP, cuando Alaya iba incluso buscando una posible financiación ilegal del PSOE.
Las consecuencias que esta operación podría tener en la política municipal son imprevisibles, visto que en esta misma semana ya se ha producido una cese fulminante de un cargo de confianza del alcalde, Juan Ignacio Zoido. Se trata del que fuera hasta entonces director general de Parques y Jardines Joaquín Peña, cuyo cese se produjo nada más conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba registrando su despacho. Por ahora, solo es una imputación policial, no judicial pues no ha declarado aún ante Alaya, pero ya ha rodado su cabeza en un gesto con el que el alcalde, que ya ha ordenado investigar todos los contratos con Fitonovo, ha querido dejar patente su compromiso contra la corrupción. Peña podrá volver si no se demuestra su culpabilidad, ha aclarado Zoido.
La mecha de esta bomba de relojería se encendía el lunes con el registro de la sede de Fitonovo y de la Delegación municipal de Parques y Jardines. La Guardia Civil irrumpía en la empresa situada en un polígono industrial de Salteras y arrestaba al administrador de la entidad e hijo del dueño, José Antonio González Baró; y al jefe comercial. Los agentes revisaron ordenadores en busca de pistas y, según explicaron fuentes del caso, habrían localizado documentos que dejarían al descubierto una posible contabilidad B, pues tendrían en sus manos un listado detallado en un documento excel en el que se recogen nombres o iniciales, entre los que podría haber alguna que otra sorpresa, y los regalo y pagos regulares que se efectuaron en una década.
Los agentes también estuvieron en Parques y Jardines, donde además del despacho de Peña, revisaron el del exjefe de servicio Francisco de Amores y el de su adjunto, Javier Gómez; y el del jefe de Mantenimiento del parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas. Salvo Peña y Gómez, que están imputados, fueron detenidos. El nombre de Amores es uno de los que aparecería en los listados pues habría cobrado 500 euros mensuales, algunos meses más. El exfuncionario, jubilado desde octubre, lo negó, pese a que le mostraron un documento en el que se recogen estos datos, aunque sin su firma. Los registros siguieron el martes en la sede de Suministros Agrícolas, en La Rinconada, y Jardines y Riegos Al-Andalus, en Dos Hermanas.
Una segunda fase de la operación que se basa en las escuchas telefónicas realizadas desde el mes de octubre y que, por ejemplo, destaparon que Amores presuntamente recibió un pago de 25.000 euros entregados por otro de los detenidos, un ingeniero de Jardines y Riegos, que justificarían ante la jueza como un préstamo.
Alaya veía en esta operación una posible financiación ilegal del PSOE, después de que el dueño de Fitonovo, Rafael González, reconoció que entregó 30.000 euros a Castaño para el PSOE. Ahora, el hilo de la Madeja parece más largo y enredado.
