Mercedes Alaya llega a los juzgados / EFE
La juez Mercedes Alaya ha imputado a 34 personas más en el caso de los ERE por su vinculación con las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla y ha ampliado las acusaciones contra ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler. En un auto notificado hoy, la juez, que suma con estas nuevas imputaciones 265 acusados, también cita a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen un informe sobre las presuntas irregularidades en las ayudas sociolaborales de los ERE, que emitieron el 12 de diciembre del 2013.
Alaya también se refiere a el exconsejero de Empleo y diputado nacional José Antonio Viera, cuya investigación por su actuación en los ERE corresponde al Tribunal Supremo, y del que dice que "era muy amigo" de uno de los imputados, el alcalde de Guadalcanal, Carmelo Montero (PSOE).
Viera asistió, junto al delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, a varias reuniones con el alcalde para lograr ayudas por más de dos millones de euros destinadas a tres empresas de materiales refractarios de Guadalcanal (Sevilla), según la juez.
En el auto, Alaya analiza una treintena de ayudas concedidas por valor de más de once millones de euros, la mayoría de ellas gracias a la amistad entre los empresarios y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones.
Las ayudas de entre 44.000 y 1.200.000 euros que se concedieron a empresas de todo tipo a partir del 2003 tenían como "denominador común la ausencia de procedimiento", estaban carentes en la mayor parte de ellas de solicitud y no tenían documentación justificativa, resume la instructora.
Entre los 34 nuevos imputados, la juez incluye a tres exalcaldes socialistas de la comarca: Antonio Diana Expósito (El Pedroso); al regidor de Guadalcanal, cuya almazara recibió un millón de euros, y a José Antonio Méndez Sánchez (El Real de la Jara).
A los nuevos imputados, la juez les acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y los cita a declarar a partir del 23 de marzo, un día después de las elecciones andaluzas.
En las ampliaciones de imputaciones, la juez incluye al exconsejero de Innovación del Gobierno andaluz Martín Soler por subvenciones por valor de 487.500 euros que concedió en convenios con la Dirección General de Trabajo.
