La lista de imputados por el fraude de los ERE engloba ya a tres exconsejeros de la Junta de Andalucía, ocho si tenemos en cuenta los cinco aforados señalados por la jueza Mercedes Alaya, después de que ayer la magistrada dictara un auto en el que imputa al que fuera responsable de Innovación entre 2009 y 2010, Martín Soler. La instructora le recrimina que la Agencia IDEA, dependiente de esta consejería, siguiera «abonando las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo», pese a que recibió en noviembre de 2009 un informe de la Intervención General de la Junta en el que se destaca que «el procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo, las transferencias de financiación, no se consideraba adecuado para financiar el gasto público». Soler está citado a declarar el próximo 17 de junio.
El primer consejero que imputó Alaya fue el exconsejero Empleo Antonio Fernández, al que le siguió la exresponsable de Hacienda Magdalena Álvarez y ahora Soler. No obstante, la magistrada ha señalado a cinco consejeros más en el auto en el que preimputó a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves: los exconsejeros de Innovación, Francisco Vallejo y Antonio Ávila; el que fuera responsable de Empleo Manuel Recio; y la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
La jueza también ha imputado a Isidoro Ruz Espigares, que fue socio del exchófer del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que junto con aquél «constituirían empresas con el único fin de obtener subvenciones de la Junta a sabiendas que iban a ser concedidas por Guerrero»; a Manuel Robles Castaño, uno de los directivos de la sociedad Matadero de la Sierra Morena, propiedad del tándem de empresarios de la Sierra norte Rosendo y Sayago; y Agustín Moreno Reviriego, exalcalde de Torrecera (una pedanía de Jerez de la Frontera), quien «prevaliéndose de su presunta relación con el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández sería beneficiario de rentas derivadas de una póliza, que se suscribió para las prejubilaciones correspondiente a la Faja Pirítica de Huelva».
En el auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 también acuerda archivar el caso para Rosario González, Javier Bertolá, Alfonso Espinosa, José Antonio Rivera (tras haber acreditado su condición de trabajador de Mercasevilla), Diego Guerrero y Antonio Parrado, tras haber acreditado que ambos no son intrusos en el ERE de Samec. En cambio, rechaza el sobreseimiento planteado por el ex delegado de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés.
Igualmente, Alaya acuerda suspender la declaración del presidente de Unicaja Braulio Medel, prevista para mañana, y la pospone para el día 12 de junio, día en el tomará declaración a otros seis imputados más. En total, en cuatro días, entre el 12 y el 17 de junio, desfilarán por el despacho de la instructora 30 imputados, algunos de los cuales estaban pendientes de ser citados y otros a los que ha ampliado los hechos de los que le considera responsables. Entre los citados están el exalcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla y uno de los hijos de José María Ruiz-Mateos.
Por último, la magistrada consulta a la Fiscalía y al resto de abogados si procede las imputaciones que ha solicitado la Junta en un escrito y que se refieren a Alfonso Seoane, que fue asesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín; Rafael Ávila, José Enrique Contreras y la exalcaldesa de Villanueva del Río (Sevilla) María José Cervantes.
Decisión del BEI. Por otro lado, el consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) debatió ayer a petición de la delegación española y portuguesa el procedimiento a seguir para el cese de Magdalena Álvarez como vicepresidenta del organismo por su imputación en los ERE, pero ha aplazado la decisión a su próxima reunión de julio. «A petición de varios miembros, el consejo de administración del BEI ha tenido una discusión procedimental sobre los riesgos de reputación relacionados con las acusaciones contra la vicepresidenta», según informó un portavoz.
