La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza civil de cuatro millones de euros para el letrado José Miguel Caballero, del despacho de abogados Garrigues, a quien la jueza Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los expexientes de regulación de empleo (ERE), ha imputado por prevaricación y malversaciónal por su participación en el ERE de la compañía sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco), según han informado fuentes del caso.
Alaya ha citado hoy a tres abogados, dos de Garrigues y uno del despacho Estudios Jurídicos Villasís, ya que fueron los encargados de asesorar en los expedientes de Acyco, Surcolor y Río Grande. El primero en declarar, que ha vuelto a entrar con una hora y media de retraso, ha sido Caballero quien ha explicado que él no ha tramitado ninguna póliza relativa al ERE de Acyco que fue el que él asesoró, negando también que conociera la inclusión de intrusos en el mismo.
La magistrada también le ha preguntado por el hecho de que fuera la Junta de Andalucía la que pagó la minuta por el asesoramiento, a lo que el letrado ha contestado que fue Acyco la que le dijo que debía pasar la factura a la administración andaluza.
El abogado ha estado más de cuatro horas declarando, tras lo que Anticorrupción ha reclamado para él la imposición de una fianza civil de cuatro millones de euros. Por su parte, la Junta de Andalucía le ha solicitado 600.000 euros, también de forma subsidiaria a Garrigues.
Tras Caballero está citado a declarar su compañero Daniel Gutiérrez y tras él, Juan Antonio López, de Estudios Jurídicos Villasís. El calendario de declaraciones continuará el miércoles y el jueves próximos con los ocho imputados por el ERE del Hotel Cervantes en Torremolinos (Málaga). Esta ronda terminará el 28 de enero cuando volverá a interrogar a Jesús Bordallo de la aseguradora Vitalia.
