El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha iniciado el proceso de embargo contra el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros que le impuso la magistrada.
Por medio de una diligencia de ordenación, consultada por Europa Press, la secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla señala que "transcurrido el plazo concedido para asegurar" dicha fianza civil "sin haberse hecho efectiva, ni señalado bienes", se le concede al imputado un plazo de diez días para que "designe los bienes de su propiedad en los que pida que se trabe embargo".
En este sentido, el Juzgado insta a Antonio Rivas a "expresar en su caso las cargas y gravámenes, y en caso de inmuebles si están ocupados, por qué personas y con qué título", de tal manera que "si nada se manifestara en dicho plazo se procederá a la búsqueda integral de bienes sobre los que trabar embargo".
Asimismo, la secretaria concede el mismo plazo y a los mismos efectos a tres exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo de la Junta imputados en la causa, en concreto Juan Francisco Sánchez, a quien impuso una fianza civil de 33,9 millones; Javier Aguado, que deberá hacer frente a una cantidad ascendente a 5 millones, y Lourdes Medina, para quien fijó una fianza civil de un millón de euros.
De igual modo, el Juzgado inicia el proceso de embargo contra el exdirector comercial de Dhul Rafael Carvia y el que fuera apoderado y director general de la empresa, Carlos Santandreu, a quienes la juez impuso una fianza civil de 706.277,28 euros; Fernanda García, 'intrusa' en el ERE de Dhul, y su marido, Damián Jiménez Rueda, que fue secretario provincial de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004, quienes harán frente a una fianza civil de 98.230,31 euros.
Asimismo, inicia el proceso de embargo contra Miguel Espínola, incluido también como 'intruso' en el ERE de Dhul, a quien impuso Alaya una fianza civil de 124.471,71 euros.
EL CASO DE RIVAS Rivas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de 5.579.696 euros, fue delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre el 31 de mayo de 2000 y el 20 de abril de 2010 y la juez le imputa que, como autoridad laboral competente, "autorizaría un considerable número de ERE que recibirían subvenciones sociolaborales" de la Dirección General de Trabajo "con total ausencia de procedimiento", lo cual sería conocido por el imputado "pues era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial".
"Gran parte de estas ayudas, conociendo y aprovechando Rivas el carácter discrecional de concesión, fueron comprometidas previamente por él, quien de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas así como en la inclusión de ciertos 'intrusos'", dice la juez, que a continuación analiza el papel de Rivas en relación con los ERE de Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox.
"ABSOLUTA AUSENCIA DE PROCEDIMIENTO" En relación al expediente de Calderinox, Alaya asevera que "resultan evidencias claras de la participación, o al menos el conocimiento, por parte del imputado en toda la tramitación del expediente relativo a los extrabajadores", mientras que "igualmente se deduce su interés en la tramitación de dicho expediente, pues a través del mismo se cubrirían los compromisos que asumió como presidente del Consejo Rector del Consorcio Escuela de Formación de Artesanos de Gelves (Sevilla)".
En cuanto al expediente de Aglomerados Morell, dice que la documentación analizada "arroja indicios del conocimiento y participación activa del imputado, junto con otros" como el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas "en todo lo relativo a los pagos que se realizaron a esta empresa con absoluta ausencia de procedimiento, todo ello para cubrir los supuestos compromisos asumidos por su parte con la familia Morell".
Sobre Intersur, la juez asegura que "la activa intervención e influencia de Rivas quedaría acreditada, no solamente por la vinculación personal y familiar con algunos de los 'intrusos', sino por el conocimiento por éste de la financiación de la póliza para los trabajadores", mientras que en relación al expediente de Surcolor Alaya también destaca "la vinculación personal" del exdelegado de Empleo con algunos de los 'intrusos'.
LA FIANZA A RIVAS PODRIA AUMENTAR POR EL ERE DE MERCASEVILLA En virtud de todo lo anterior, la juez le impuso una fianza civil de 3,3 millones de euros, "todo ello sin perjuicio de las variaciones que pueda experimentar la cantidad resultante en virtud del resultado de las diligencias de instrucción que se siguen practicando, en particular las relativas a Mercasevilla".
