La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha dado un paso más. Los agentes apuntan a una financiación ilegal de los sindicatos CCOO y UGT a través de las sobrecomisiones cobradas por las compañías mediadoras, ya que han cifrado que sólo en diez expedientes se cobraron más de 12 millones de euros, de los cuales siete han ido a parar a las arcas de los sindicatos. La jueza Mercedes Alaya ha dado orden para que las entidades bancarias aporten la documentación sobre las cuentas de varias federaciones sindicales, algunas de ellas en el País Vasco. Los agentes han detenido e imputado a algunos directores de sucursales bancarias.
«Esclarecer el destino dado a los fondos públicos librados por la Junta de Andalucía supuestamente desviados de su fin ilícito», esta es la línea de investigación en la que ahora se está centrando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del caso de los ERE. Según consta en el oficio remitido por los agentes a la jueza, una vez que las sobrecomisiones llegaban a las mediadoras «se comenzaba un proceso de distribución del capital con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero, para su reintroducción en el mercado», para lo que se hacía llegar «parte de estos fondos a otras personas que habrían facilitado la culminación de todo el proceso, entre ellas algunas autoridades administrativas con responsabilidad en la concesión de las subvenciones objeto de desvío». Otros, son «directores de sucursales bancarias», que han sido detenidos o imputados por su colaboración en operaciones financieras para blanquear el dinero público.
Dentro de sus pesquisas, los agentes detectaron que las medidoras realizaron pagos «a diferentes organizaciones sindicales justificándolo en la prestación de supuestos servicios y, cómo se facturaban a través de empresas vinculadas a los sindicatos». En concreto, hacen alusión a diez expedientes que tienen «como nexo común la intervención de responsables sindicales de cada una de las empresas y la percepción por parte de la mediadora de una elevada sobrecomisión». Son los ERE de Surcolor, Calderinox, González Byass, Cespa/FCC, Saldauto, Intersur, Matadero de Fuenteobejuna, Hotel Cervantes, SOS Cuetara y Bilore, en los que «sobre un total de prima de 120.431.426,43 euros se han abonado comisiones a los mediadores por valor de 18.065.630,97 euros», lo que constituye una media de un 13,60%, cuando la «media de mercado» era de un 4,60%. Esto quiere decir, que sólo en estos diez expedientes, la Junta pagó en sobrecomisiones 12.176.626,55 euros. La información tributaria analizada hasta ahora por la UCO sobre las mediadoras «hasta el momento se ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios han recibido de estas empresas más de siete millones de euros, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas que ha permitido obtener altos beneficios a las mediadoras intervinientes». Los agentes han detectado «numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos», algunas veces directamente a través de las federaciones de los mismos, «pero otras a través de las empresas vinculadas a ellos», poniendo como ejemplo Atlantis Asesores, para CCOO, y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui para UGT.
Para «profundizar» en el «estudio del flujo de dinero», los agentes creen necesario «comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas y «determinar la cantidad exacta que las organizaciones sindicales hubiesen cobrado de los fondos librados por la Junta». Unas gestiones que deben hacerse tras estudiar las cuentas bancarias de las mediadoras y comprobar que «no coinciden la cantidad de pagos» con los declarados por las mediadoras ante Hacienda.
Por ello, los agentes solicitaron a la jueza autorización para recabar toda la información bancaria. Una solicitud que la magistrada atiende en un auto fechado el pasado 17 de enero, en el que ordena a las entidades bancarias necesarias, así como a las organizaciones sindicales todos los datos que necesiten los agentes relativos a la Federación de Industria de Andalucía de CCOO, Federación Andaluza Agroalimentaria (Feagra) de CCOO, la central sindical de CCOO en el País Vasco, la Federación Agroalimentaria (FTA) de UGT en Cádiz, la Federación andaluza de Metal, Construcciones y Afines (MCA) de UGT, la Federación de Industria Andaluza (FIA) de UGT y el sindicato UGT del País Vasco. Altos cargos. Pero los sindicatos no son los únicos que se han beneficiado de estas sobrecomisiones, según las investigaciones policiales, sino que también lo hicieron «personas físicas y jurídicas participantes en la trama, algunas de ellas con responsabilidades en el ejercicio de funciones públicas». El papel fundamental lo jugó aquí el exsindicalista de UGT y conseguidor de los ERE Juan Lanzas, quien tenía «relaciones de amistad» con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, pues «utilizaron un entramado societario y personas de su entorno familiar para introducir en el círculo financiero el dinero de origen ilícito, permitiéndole con ello un incremento patrimonial desproporcionado y su posterior distribución» entre otras personas.
