La jueza Mercedes Alaya ha rechazado los recursos presentado por a defensa del exdelegado provincial de empleo Antonio Rivas y del exasesor de empleo Ramón Díaz contra los decretos de embargos, en los que la magistrada les bloqueaba bienes immuebles y sus rentas, para asegurar las fianzas. En el caso de rivas la instructora le impuso 3,3 millones de euros y en el de Díaz fueron 2,1 millones. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 desestima el recurso de Rivas al considerar que no se ha vulnerado ningún derecho, como dice su letrado, y le recuerda que en este recurso no es el momento de plantear cuestiones como si existen o no indicios de criminalidad. En cuanto al hecho de que se llevara a cabo el embargo de sus bienes sin que se haya resuelto el recurso contra la fianza, Alaya le recuerda que, pese a que "el auto es susceptible de recursos, no tiene en modo alguno efecto suspensivo". Rivas también se mostraba contrario en su recurso a que le embargaran la pensión, a lo que la jueza le contesta que si la secretaria judicial ha tenido que llegar a ese extremo es porque ante "la cuantiosa fianza" era imposible cubrirla con "un vehículo, una motocicleta y un inmueble en gananciales". En cuanto a Díaz, éste alegaba que se ha producido una vulneración del principio de igualdad al haber imputados a los que no se les ha embargado sus rentas. Alaya desestima el argumento asegurando que cada caso se trata "de forma individualizada" y que si se ha procedido a su embargo es porque con "los 6.000 euros de las cuentas, un turismo y una finca en gananciales ni indiciariamente" se cubrían los 2,1 millones de fianza. Por último, la magistrada niega que con su caso se haya dado especial celeridad en embargarle los bienes, pues se ha demorado ocho meses "ante la enorme cantidad de escritos, piezas, recursos y diligencias" de la causa.
