El ‘gran conseguidor’ de los ERE se embolsó 13 millones en comisiones

Alaya describe “un negocio” entre Junta, aseguradoras y sindicatos en la presunta trama corrupta

el 22 mar 2013 / 18:06 h.

INGRESAN EN PRISIÓN OTROS DOS IMPUTADOS EN LA NUEVA RAMA DE LOS ERE La jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, describe en los autos de prisión del exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero; del exdirectivo de la aseguradora Vitalia, Antonio Albarracín; y del principal conseguidor, el exsindicalista Juan Lanzas, un “negocio bilateral” en el que las aseguradoras presuntamente corrompían a altos cargos de la administración para que les adjudicaran las pólizas de prejubilación de los ERE subvencionados. Éstas a su vez se lucraban cobrando comisiones “superiores en un 15%” al precio de mercado y que salían de las arcas públicas, en las que se metía la parte del pastel de sindicatos y mediadores como Lanzas, además de lucrarse personalmente directivos de las aseguradoras como Albarracín. En su declaración, sin embargo, éste describe que a las aseguradoras ya les venía fijada la comisión correspondiente porque “los sindicatos y la Junta eran los que mandaban”. La comisión media de Lanzas en Vitalia, que se movía por la Consejería de Empleo “como en su casa” era del 5% y la de los sindicatos un 0,5% . Alaya cifra en 4,9 millones de euros el montante pagado por Albarracín a los “entornos de UGT y CCOO”. En el caso de Lanzas, el montante global recibido por su mediación suma más de 13 millones. Según la Guardia Civil, el dinero defraudado a las arcas públicas alcanza los 50 millones. Los agentes, que hallaron 82.000 euros en sobres en una de sus casas, registró ayer con georradares su pueblo de Jaén, Albarchez, en busca de un zulo donde pudiera esconder más. De los 13 millones, más de tres vienen de su papel en la tramitación de ERE en empresas de Nueva Rumasa; 2,8 se lo entregaron en efectivo su testaferros; Vitalia le pagó casi dos millones; y su mujer y él recibieron medio millón como prejubilados en Hitemasa, donde nunca trabajaron (otra forma con la que Alaya cree que Vitalia le pagó sus servicios). Según la jueza, desde el año 90, su patrimonio se ha incrementado en cuatro casas y un chalé en la playa. El negocio estaba en las sobrecomisiones que, según Alaya, dejaron de “ser algo que pasara desapercibido para la administración” a ser “el verdadero alimento de esta trama corrupta de la que se nutre, no solo la mediadora, sino presuntamente y a espaldas de ésta, sus principales responsables” e “indiciariamente” la “autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de los fondos de la administración, así como los sindicatos e intermediarios”. Para Albarracín, los “últimos responsables del pago de las elevadas comisiones son los señores de la Junta” que “eran los que tenían que velar para que las pólizas se hicieran correctamente”. Para Alaya todos formaban parte de “un sistema perfectamente establecido en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio” en el que interviene la Consejería de Empleo otorgando las subvenciones y las consultoras, sindicatos y bufetes. Albarracín reconoció que trataba los ERE con Guerrero pero también con el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y con el exconsejero Antonio Fernández, que le dijo que “él hacia las pólizas con quién le decían los sindicatos”, aunque no recuerda si le comentó si cobraran “pero seguramente el consejero lo sabía”. Vitalia hacía los pagos a través de las empresas FQT (CCOO) y Temiqui (UGT) y Albarracín citó a sindicalistas de Madrid. Los líderes de ambos sindicatos negaron ayer relación alguna con las aseguradoras de los ERE ni haber “cobrado ni un duro” de éstas. En el caso de Guerrero, Alaya apunta que recibía sobres de Albarracín y transferencias periódicas de Vitalia por 249.000 euros. Asimismo, la jueza cree que Albarracín se enriquecía personalmente, ya que parte del dinero que Vitalia pagaba para hacerse con los encargos volvía a sus manos con “entregas en efectivo” o a través de una sociedad que creó, Permar 21. La investigación ha revelado transferencias cruzadas entre las empresas de Lanzas y la de Albarracín, que entre 2001 y 2011 pasó de tener 4 inmuebles a 16. Alaya ha suspendido las declaraciones hasta el lunes.

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