Un grupo de alcaldes y cargos públicos de IU de varios ayuntamientos de Sevilla y Cádiz se han reunido hoy con el viceconsejero de Gobernación, José Antonio Gómez Periñán, para exigir soluciones a los problemas de financiación que sufren actualmente sus Ayuntamientos.
Según ha explicado Izquierda Unida en un comunicado, los 16 alcaldes, varios diputados provinciales, una treintena de concejales y el parlamentario andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo han manifestado al viceconsejero la "desesperada situación" en la que se encuentran muchas familias y la imposibilidad material de las corporaciones locales de poder atenderlas ante "la precaria financiación municipal".
Los cargos de IU han exigido "medidas reales" para hacer frente a la crisis económica que afecta, sobre todo, a los trabajadores del sector agrario en Andalucía.
Las reivindicaciones de los cargos públicos han sido expuestas por Juan Vega, alcalde de Lantejuela (Sevilla), que enumeró una veintena de propuestas, entre las que destacan un fondo adicional para paliar la crisis económica que garantice al menos cuatro meses de trabajo para las personas desempleadas, dotación presupuestaria para atender situaciones de emergencia ante la crisis o partidas en los Presupuestos del Estado y de la Junta para paliar la deuda de los ayuntamientos.
Además, Vega ha pedido una financiación basada en tres partes iguales (el 33% de los recursos económicos para la Administración central; el 33% para las autonomías y el restante 33% para los Ayuntamientos), participación de los Ayuntamientos en el Consejo Económico de Política Fiscal y Financiera junto con las Comunidades Autónomas y una nueva ley de régimen local.
También piden que la Junta de Andalucía financie el cien por ciento de los materiales de los fondos del AEPSA (antiguo PER) y que aumente el subsidio de desempleo hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional de 624 euros mientras dura la crisis, ante lo que consideran un "situación desesperada".
Por su parte, el alcalde de El Cuervo (Sevilla), Juan Garrido, ha criticado la escasa repercusión que el plan MEMTA está teniendo en la creación de empleo en la localidad y ha propuesto eliminar el requisito de cumplir 35 peonadas para poder acceder al subsidio por desempleo para ayudar a los trabajadores del sector agrícola durante una situación de "crisis larga que va a tardar mucho en solucionarse".
Los cargos públicos han decidido permanecer en la Consejería mientras no se de una respuesta positiva a alguna de sus demandas.
