El hotel Algarrobico, una mole de 20 plantas y 411 habitaciones construida en primera línea de playa dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), se encuentra inmerso en un embrollo judicial cuya resolución definitiva podría prolongarse durante más de una década.
En los últimos dos años, las acciones del Ministerio y la Consejería de Medio Ambiente han ido encaminadas a la expropiación del edificio para su futura demolición. Incluso, el 10 de mayo de 2006, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, se comprometió públicamente a evitar la apertura del hotel. Parecía que el Estado tenía el pulso ganado a la promotora Azata hasta el punto de que el 5 de marzo, días antes de las pasadas elecciones, se produjo en Madrid una reunión entre Gobierno, Junta y Azata para ponerle precio al hotel y evitar que el asunto se eternizara en las estancias judiciales.
La reunión fracasó y desde entonces ninguna de las partes ha dado un paso adelante para reeditar otro encuentro. Y ahora el caso acumula 14 causas abiertas pendientes de resolver en todas las instancias judiciales: juzgados de primera instancia, TSJA, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, lo que podría prolongar al menos diez años la solución definitiva a este asunto en los tribunales, según abogados de las partes implicadas.
"Este proceso va a ser muy largo porque hay muchos implicados y algunos de envergadura, como las Administraciones andaluza y estatal, un Ayuntamiento y una constructora", explica Enrique Ruiz, abogado de la Federación de Ecologistas en Acción de Almería.
En estos momentos, mantienen acciones judiciales contra el hotel Ecologistas en Acción, Salvemos Mojácar y la Asociación Amigos del Parque Cabo de Gata-Níjar, que denuncian, sobre todo, la ilegalidad de la obra, acusan a la Junta de Andalucía por permitir el hotel o de rebajar la protección del espacio protegido en el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural, aprobado en febrero.
Azata y Carboneras, de la mano. El Ayuntamiento de Carboneras (PSOE) y la constructora Azata tienen recursos, entre otras cosas, contra decisiones como la sentencia emitida en septiembre por un juez de Almería que anulaba la licencia de obras del consistorio y también contra la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de expropiar los terrenos del hotel por estar dentro de los 100 metros de servidumbre marítimo terrestre fijados por la Ley de Costas, donde no se puede construir.
Según la documentación de Greenpeace, el Ayuntamiento dio la licencia a Azata el 13 de enero de 2003. Sólo tres años después, en febrero de 2006, el citado juez de Almería ordenó la suspensión de las obras. Desde entonces hasta ahora, cada decisión judicial, lejos de aclarar el asunto, ha desatado tal cantidad de recursos y contrarrecursos que el caso no ha hecho sino embrollarse cada vez más.
Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, critica que el Gobierno andaluz y el de la nación "están siguiéndole el juego a la empresa prolongando el camino judicial y eso sólo beneficia a Azata y lleva a que el hotel se siga manteniendo en pie. Se ve que no están interesados ya en negociar con la promotora su expropiación y demolición, como intentaron justo antes de las pasadas elecciones".
