La Junta acusó ayer al Gobierno central de haber redactado una norma ad hoc contra Andalucía y sus 5.000 kilómetros de costa. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, reprochó al Ejecutivo de Mariano Rajoy llevar a cabo una estrategia de confrontación con la comunidad basada en una legislación específicamente diseñada contra lo que regula la propia autonomía. Se refería a una enmienda del PP a la nueva Ley de Costas que reduce la zona de protección del litoral de 100 a 20 metros, liberando por tanto esos 80 metros de diferencia de la prohibición de urbanizar. Vázquez señaló que parece una iniciativa hecha ad hoc para confrontar con Andalucía justo después de que la comunidad haya aprobado una medida que viene a salvaguardar esta zona que ha sido esquilmada durante años. En efecto, la norma estatal va en la dirección contraria al decreto-ley de medidas urgentes que aprobó el Consejo de Gobierno andaluz para intentar poner en orden las grandes bolsas de suelo urbanizable de los municipios de la costa. Dicha norma, que está recurrida por el PP-A (que gobierna en la mayoría de municipios andaluces costeros), preserva del ladrillo los primeros 500 metros de litoral e impide nuevas construcciones en suelos que no se ajusten al planeamiento urbanístico en vigor. Según el portavoz, el hecho de que el Gobierno reduzca ahora esta franja de protección del litoral va en contra de las políticas medioambientales de la Junta, basadas en la protección de sus bienes naturales, la conservación del medio ambiente y un turismo sostenible y de calidad. Esto es una clara estrategia de respuesta de acción-reacción del Gobierno, que en su programa tiene como máxima la confrontación con el Ejecutivo andaluz, concluyó. El cambio normativo, que adelantó ayer El País, responde a reclamaciones de Canarias y Galicia, y pretende resolver la situación de los núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían entonces la calificación de suelo urbano, pero cumplían con alguno de los requisitos que se establecen en la enmienda. Este cambio permitirá edificar si en esa franja de 80 metros ya hay edificaciones y siempre que se cumpla la normativa de ayuntamientos y comunidades. Está por ver si la norma básica se superpone a la legislación autonómica andaluza, porque de momento desde la Consejería de Medio Ambiente advierten una aparente contradicción. Los empresarios andaluces creen que el decreto de la Junta paralizará la economía de la región.
