El Consejo de Gobierno andaluz ha dado hoy luz verde a la tramitación del anteproyecto de ley de creación del Ente Público de Crédito de Andalucía (ECA), con el fin de dar respaldo financiero al tejido productivo andaluz, especialmente a las pymes, ante la restricción crediticia de los bancos.
La creación del nuevo ente, que se constituirá como sociedad anónima con un capital inicial de 18 millones de euros, formaba parte del Acuerdo por Andalucía suscrito entre el PSOE e IU -socios del gobierno de coalición-, y se prevé que la Junta pida finalmente la ficha bancaria previsiblemente a finales de 2015, ha dicho en rueda de prensa la consejera de Hacienda, María Jesús Montero.
Ha explicado que esta nueva entidad podrá captar depósitos privados, pero ha querido dejar claro que sólo de sus "clientes", es decir las empresas, no de particulares o pequeños ahorradores.
Ha incidido en que se ha cumplido de esta forma lo establecido en la ponencia del grupo de trabajo creado en el Parlamento sobre la entidad pública de crédito, instrumento que estará adscrito a la Consejería de Hacienda.
"El objetivo es que la comunidad autónoma pueda disponer de un ente de crédito con ficha bancaria pero hay unos requisitos que se tienen que adaptar a las leyes estatales", ha puntualizado la consejera, que ha insistido en que se solicitará al Banco de España para "poder contar con mayores ingresos financieros y poder revertirlos" al tejido productivo andaluz.
Sobre el funcionamiento de este nuevo instrumento de crédito, ha asegurado que estará dotado "de máxima transparencia" y un "estricto" código ético.
Así, habrá una comisión de control formada por cinco miembros, que serán elegidos por el Parlamento, para asegurar que se cumplen los fines para los que ha sido creado y para que la rendición de cuentas sea "lo más transparente posible", ha señalado.
Los órganos de gobierno serán los de una sociedad anónima y estarán recogidos en sus estatutos, mientras que su máximo responsable será nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta.
Según Montero, la entidad diseñará un gobierno corporativo, con participación ciudadana y representación de los agentes sociales, con el fin de garantizar la independencia y profesionalización, al tiempo que deberá publicar todas las operaciones que formalice, así como una memoria de actividad anual en su página web.
Las personas que compongan los órganos de gobierno tendrán que cumplir los estrictos requisitos que marca la ley estatal de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Créditos, ha remachado.
Ha incidido en que el ECA no podrá realizar "políticas redistributivas o fiscales", de forma que no podrá concertar "ningún tipo de subsidiación de tipos de interés u otras ayudas".
Ha explicado, además, que dentro del ECA se integrarán las partidas de los fondos reembolsables que la Junta pone actualmente a disposición de las empresas y que ascienden a unos 1.400 millones de euros.
No obstante, ha puntualizado que la agencia pública IDEA seguirá gestionado dichos fondos hasta que se constituya el nuevo ente y, en paralelo, se irá produciendo un "trasvase de transferencias", aunque ha descartado que la citada agencia vaya a desaparecer, si bien "sus funciones quedarán reducidas".
"El proceso de reconversión de Idea será en paralelo a la constitución del ente y se hará sin incertidumbre para los trabajadores", ha recalcado.
Además de los fondos reembolsables, el ECA dispondrá de los que obtenga de la Unión Europea o de otras entidades financieras públicas y privadas, así como de préstamos o emisiones de títulos de renta fija y, una vez que disponga de la autorización del Banco de España para actuar como entidad bancaria, podrá obtener recursos también a través de depósitos privados.
Según la consejera, con la creación del ECA se atiende el "requerimiento de los empresarios ante la dificultad para acceder al crédito", pues la "bancarización" de las cajas de ahorros ha tenido una especial incidencia sobre las pymes.
