La Junta ha evitado, por ahora, abrir otro frente contra el Gobierno central por la pérdida del control autonómico sobre los contenidos educativos. La reforma de la ley de enseñanza aumentará en un 10% la capacidad de decisión del Ministerio de Educación sobre lo que estudian los andaluces, y ese margen de autonomía lo perderán las regiones.
Desde 2006, año en que entró en vigor la LOE , el Gobierno central y las comunidades se repartían el diseño de las materias comunes de la siguiente manera: el 65% dependía del Ministerio y el 35% de los gobiernos regionales (55-45% en Cataluña, País Vasco y Galicia). Con la reforma, el ministro José Ignacio Wert controlará el 75% del horario lectivo y las comunidades sin lengua cooficial, como Andalucía, podrán decidir sobre el 25% restante.
Esta reforma educativa se produce en un contexto político muy delicado y complejo. Primero, la crisis llevó al Ministerio de Hacienda a cuestionar la viabilidad del modelo del Estado de las autonomías. Andalucía, igual que otras regiones, respondió airada ante la "deriva recentralizadora del PP, que abre camino a un mayor centralismo en la toma de decisiones", en detrimento del poder periférico blindado en los Estatutos.
En ese momento, con España asediada por los mercados, el Gobierno parecía estar dialogando con Bruselas de espaldas a las comunidades autónomas, a las que culpabilizaba del disparado déficit que arrastra el país. No es extraño que semanas más tarde en Cataluña empezasen a oírse vítores por la autodeterminación y la independencia, avivados por la Generalitat.
Con este paisaje de fondo, a algunos les sorprendió que la Consejería de Educación andaluza dejara pasar la oportunidad de criticar la pérdida de autonomía en el diseño del currículum. La consejera Mar Moreno ha sido muy dura con la reforma educativa, pero conscientemente prefirió poner el acento "en la pérdida de igualdad de oportunidades para el alumnado". En País Vasco y Cataluña (ambas en campaña electoral) el tema de los contenidos ha sido interpretado como una invasión competencial del Estado, "retrógrada e intolerable".
La semana pasada, el Consejo Escolar andaluz entregó a la consejera un informe sobre la reforma educativa en el que cargaba sobre la decisión del Gobierno de acaparar más control sobre lo que estudian los jóvenes: "Esta medida, supuestamente encaminada a evitar la dispersión de contenidos, representa un ataque frontal al Estado de las Autonomías".
El Consejo reprochó a Wert que presente las diferencias entre comunidades como "una debilidad del sistema educativo español, dejando traslucir una cierta intención uniformizadora".
Pese a todo, los expertos consultados por este periódico creen que hay razones para que Andalucía se haya inhibido en esta polémica. La Junta no ha puesto el acento en este aspecto de la reforma "porque en realidad nunca ha llegado a explotar del todo el margen competencial que tenía hasta ahora en el diseño curricular". "Puede que en el diseño de la nueva Educación para la Ciudadanía, por razones políticas e ideológicas, la Junta haga valer su 25% de competencias para recuperar los temas que ha eliminado Wert, como la homofobia, la igualdad de género, etc. Pero en Matemáticas, Lengua, Ciencias o Historia, en realidad no existe tanta disparidad entre comunidades, porque al final son las grandes editoriales y los libros de texto los que unifican los contenidos para toda España", dice el catedrático de Didáctica de la Universidad de Granada, Antonio Bolívar.
Desde la consejería confirman que la Ley de Educación Andaluza (LEA) nunca se metió a fondo en el diseño de contenidos propios para Andalucía. La Junta ha evitado este pulso con el Gobierno, porque "de lo contrario estaría dando por válida la tesis del ministro de que en España existen 17 sistemas educativos, y con eso no estamos de acuerdo", aseguran.
Wert sostiene que una de las razones por las que el Gobierno retira competencias a las comunidades es para "poner fin a la dispersión inmanejable" de los contenidos educativos en 17 regiones. Ésta es una de las razones del fracaso escolar que sufre el país, asegura, y de que algunas regiones tengan mejores resultados que otras en los informes de evaluación internacional, como el PISA. La Junta replica que este mismo informe remarca que las diferencias en el rendimiento escolar entre unas regiones y otras, o entre unos alumnos y otros las determina el contexto socioeconómico y cultural en el que han crecido.
MENOS PODER PARA LA COMUNIDAD ¿MÁS PODER PARA LOS COLEGIOS?
PSOE y PP coinciden en que las escuelas deben disfrutar de más autonomía pedagógica. Esto lo recogía la ley de educación socialista y lo recoge la del PP. Sin embargo, el Consejo Escolar andaluz se queja de que la reforma no delega el control a los colegios, y además se lo quita a las comunidades. "Es paradójico", dice el informe, "que el mismo artículo de la ley en el que se limitan las competencias autonómicas, se consagra sin embargo la capacidad de los centros educativos "para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios". No obstante, lo primero tiene rango de ley orgánica al estar recogido en el Título Preliminar de la norma, y lo segundo no.
En los años 80 se extiendió por Europa la tesis de que los mejores sistemas educativos son los que más margen de maniobra dejan a las escuelas para tomar decisiones. Los países nórdicos, referencia de éxito escolar en la OCDE, combinan la descentralización política y la autonomía pedagógica de los colegios. La Comisión Europea, en un informe sobre este tema, hizo un repaso sobre la autonomía de las escuelas en todos los países miembros. En España, concluía, "los centros nunca han poseído demasiada libertad en cuanto a la definición de objetivos y contenidos educativos".
Las investigadoras Isabel Martín y Esther Peraza San Segundo entregaron en 2010 a la Comisión Europea un informe sobre la capacidad real de decisión que tenían las escuelas españolas. Entre sus conclusiones, decían: "No son los centros los que demandan autonomía, sino la legislación la que prevé la trasferencia de más responsabilidades sin que los propios centros tengan el derecho a expresar su punto de vista en esta materia. En algunos casos, incluso adquieren nuevas responsabilidades en contra de sus deseos".
