De las cinco comunidades que se ha rebelado contra la aplicación de la llamada ley Wert, Andalucía es la primera que ha llevado la reforma educativa del Gobierno del PP a los tribunales. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la séptima legislación de educación en lo que va de democracia. Los argumentos jurídicos de la Junta pivotan entre la vulneración de la igualdad de oportunidades y la discriminación por razón de sexo, hasta la invasión competencial, un punto coincidente con el resto de comunidades díscolas: Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias. Éstas tienen hasta el próximo 10 de marzo de plazo para interponer sus respectivos recursos (el PSOE presentará el suyo propio).
El blindaje a la escuela diferenciada, el concierto a los colegios católicos que segregan por sexo (en Andalucía aún hay 11, pero el año pasado se les retiró las subvenciones), el mayor peso de la asignatura de Religión y su alternativa (ambas evaluables y computables para becas y acceso a la Universidad) y, sobre todo, la segregación del alumnado en función de su rendimiento son algunos de los puntos que se recurren en la ley. Si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso contra la ley Wert, la aplicación no se detendría por tratarse de una norma de carácter estatal (los sindicatos reclaman a la Junta que solicite la suspensión cautelar).
