Las comunidades autónomas están convocadas mañana a una reunión (CPFF) con el Ministerio de Hacienda en la que podrán, entre otros puntos del orden del día, valorar la reforma fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Andalucía lo tiene claro: no le gusta. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, sostuvo ayer que el Gobierno tiene «toda la legistimidad» para hacer esta reforma «pero no a costa de los ingresos de las comunidades autonómas». El Gobierno andaluz ha dado las primeras instrucciones para elaborar el Presupuesto de 2015 pero ahora mismo, admitió ayer la titular autonómica, no tiene datos. Depende de las entregas a cuenta del Estado, del dinero que le transfiera el Gobierno, y eso no lo sabrá, al menos, hasta julio. Teme que la rebaja de impuestos recién aprobada por el Ejecutivo del PP vaya en detrimento de los ingresos de las comunidades. Si se recaudan entre 5.000 y 9.000 millones menos por IRPF, qué impacto tendrá esto en las arcas autonómicas. El cálculo que se maneja es que los andaluces dejarán de contribuir en 600 millones de euros pero la Junta fue clara, si el Gobierno no compensa esa menor recaudación, las comunidades se declararían «en quiebra». El Ejecutivo andaluz demanda «garantías» de suficiencia financiera el 80% de los recursos que maneja vienen directamente del Estado y además descarta subir sus impuestos o gravar con nuevos impuestos medioambientales a los andaluces o las actividades empresariales. La creación de nuevos impuestos verdes es uno de los apartados del pacto de coalición firmado entre PSOE e IU aunque la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya ha descartado una subida de impuestos en Andalucía o nuevas figuras impositivas. Ayer lo reiteró Montero ante la posibilidad de que el Gobierno reclame a las comunidades que suban su recaudación haciendo uso de su autonomía fiscal. Los impuestos propios de la Junta no reportan ni el 10% de los ingresos de las arcas autonómicas.
La consejera de Hacienda presentó ayer un primer informe sobre lo que puede suponer la reforma fiscal para Andalucía. Habló de «maquillaje», «cosmética» e «ingeniería tributaria». Insistió en que es una apuesta «regresiva» en la que «las clases medias van a pagar la rebaja a las clases altas». La mayor preocupación es que no cuadre el gasto público y se acaben asumiendo nuevos recortes en sanidad, educación, dependencia o servicios públicos fundamentales. La Junta había confiado hasta ahora en un repunte de la economía y una recuperación que le permitiría hacer un Presupuesto «expansivo» tras cinco cuentas restrictivas plagadas de recortes. De hecho ya ha asumido el compromiso de devolver la paga extra a los funcionarios, suprimida desde 2012, e IU insiste en la recuperación de derechos salariales del personal sanitario. La titular de Hacienda quiso mantener ayer el «optimismo» pero admitió que dependen del Gobierno y acentuó que ahora mismo trabaja «sin números».
