La Junta tiene en marcha en la actualidad reclamaciones al Ministerio de Hacienda «por discrepancias en las liquidaciones de varios ejercicios, en el coste efectivo de traspasos y otras situaciones, por importe de 5.865 millones de euros». En esta cifra se mezclan varios conceptos, sobre todo, por la diferencia entre el dinero que el Estado preveía recaudar a través del IVA y de impuestos especiales, como hidrocarburos o tabaco, y lo que al final recaudó.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, explicó ayer que el Gobierno había estimado una recaudación tributaria de 4.000 millones y, en consecuencia, retiró 2.000 millones a las comunidades autónomas del fondo de suficiencia, esperando compensarlas posteriormente con dicha recaudación. Sin embargo, siempre según la consejera, al final los ingresos por estos tributos se quedaron en 40 millones, y el Ministerio no compensó a las regiones por este desfase.
Durante su intervención en el Forum Europa, Montero defendió que el nuevo modelo de financiación autonómica que se va a comenzar a debatir debe blindar «un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales», de manera que se garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos ante la educación, la salud o los servicios sociales con independencia del lugar en el que vivan. La consejera defendió la fórmula de la carga-beneficio (coste del servicio por número de beneficiarios) para aplicar un reparto de fondos entre las regiones, y dijo que le «encantaría una estrategia de acercamiento entre Cataluña y Andalucía». «Lograr que las comunidades con más renta se pongan de acuerdo con la de menor renta solucionaría este complicado sudoku», dijo. La Junta defiende el principio de ordinalidad que esgrime Cataluña, pero amortiguado, esto es, que en el nuevo reparto de fondos el orden descendente de regiones ricas a pobres no se altere, pero sí la distancia entre la riqueza de unas con otras.
Respecto a los más de 3.300 millones de euros que Andalucía recibirá este año del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Montero aclaró que «no nos da una liquidez suficiente para atender a nuestras obligaciones» sólo 1.400 millones son para proveedores, el resto es para devolver el crédito a los bancos por lo que antes de abril la Junta solicitará una inyección adicional al Estado, como ocurrió el año pasado, para atender a los proveedores.
