m. u. / i. c. n sevilla
Facilitar la conciliación de la vida laboral con la profesional es uno de los grandes retos que se marcan los partidos para la próxima legislatura. Las plazas de guarderías públicas que hay en la actualidad no lo facilitan demasiado: en Andalucía sólo dan cobertura al 23% de los niños de menos de 3 años. En España el porcentaje se queda en un 17%.
Las guarderías se han convertido en uno de los grandes reclamos electorales de PSOE y PP para las elecciones de marzo. Después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometiese a financiar la creación de 50.000 nuevas plazas en toda España y que Manuel Chaves añadiese que en Andalucía se van a poner a disposición de las familias 15.000 más, Mariano Rajoy ha contraofertado anunciando un plan nacional en el que el PP pretende diseñar el mapa de las guarderías en todo el país. Que los partidos se fijen en este tema para captar el voto no es casual sino la prueba de que han percibido las carencias que tiene esta área del Estado del Bienestar, que sólo ofrece un 17% de plazas públicas de media en toda España para los niños de hasta de tres años.
Los datos que maneja el Gobierno apuntan que en la actualidad se necesitan en toda España unas 300.000 plazas más de guarderías. Andalucía está por encima de la media nacional en cuanto a cobertura, aunque en la actualidad sólo cubre con plazas públicas o concertadas el 23% de la demanda, el mismo porcentaje que hay en comunidades como Galicia o Madrid, pero por encima de la media nacional.
Cuando comenzó el curso, en la comunidad estaban disponibles 51.042 plazas, según cifras de la Junta, que tiene previsto en su presupuesto de 2008 -que se está tramitando en el Parlamento- que se le añadan el año que viene 15.000 más. El objetivo es llegar la próxima legislatura al 33%, el porcentaje que la UE ha fijado como mínimo para los países miembros para el año 2010. En los planes del Ejecutivo autonómico entra que en dos legislaturas -es decir, en el horizonte de 2016- se haya universalizado el derecho y que se pueda atender el cien por cien de la demanda.
Requeriría un esfuerzo importante, pero la situación no es mejor en el resto de comunidades autónomas, donde el debate también está abierto. En Cataluña, la Consejería de Educación ha planteado para el año próximo el mismo número de nuevas plazas que Andalucía (15.000 más). De los 238.968 niños nacidos en esa comunidad autónoma desde 2004, sólo un 15,1% del total tendría plaza pública en uno de los 625 centros públicos (un total de 36.100 plazas), según datos de la Consejería catalana de Educación. Que en el porcentaje se quede por debajo de la media nacional tiene que ver con que el nivel de cobertura es muy superior para los 3 años que para los bebés, según fuentes de la Consejería catalana de Educación. Entre públicas y privadas, el nivel medio de cobertura para todas las edades llega al 32,1%.
En una situación mejor se encuentra la Comunidad de Madrid. Este curso cuenta con 55.000 plazas financiadas con fondos públicos -el 73% del total- en un total de 376 públicas. Podrían atender al 23,3% de los niños de menos de tres años, lo mismo que ocurre en Galicia, que tiene capacidad para atender en sus 241 centros públicos o concertados al 23% de los niños.
Ayuntamientos. Cada comunidad se basa en un sistema para articular su oferta de guarderías. En Andalucía, hasta ahora, la Consejería de Educación ha autorizado las guarderías públicas y la de Igualdad es la que concede los convenios a ayuntamientos o cooperativas.
En Cataluña, por ejemplo, de los 625 centros públicos, hay 583 que son de titularidad municipal. Las corporaciones locales financian un tercio del proyecto, la Generalitat otro y los padres de los alumnos el tercero. Para su funcionamiento, el Gobierno autonómico dota a cada centro de 5.000 euros por plaza.
En el País Vasco, 311 de los 503 centros públicos los gestiona el Gobierno autonómico; 146, un consorcio en el que están presentes los municipios y 44, sólo los ayuntamientos.
