El Gobierno andaluz, presidido por la socialista Susana Díaz, y el Ejecutivo canario, de Paulino Rivero (Coalición Canaria) unieron ayer sus fuerzas para reclamar a Mariano Rajoy la convocatoria «cuanto antes» de la conferencia de presidentes para revisar el sistema de financiación autonómica. Hace una semana, la Junta anunció que estudiaba recurrir ante el Tribunal Constitucional el aplazamiento de la reforma del modelo de financiación autonómica. El actual sistema de reparto de fondos entre comunidades expiró el pasado 1 de enero. En octubre de 2012 Rajoy acordó con las regiones que en los primeros meses del año se abordaría conjuntamente la implantación de un nuevo modelo, pero recientemente anunció que aplazará ese encuentro hasta el año próximo, lo cual ha soliviantado a las comunidades que se consideran maltratadas por el actual sistema de financiación, Andalucía entre ellas, pero también regiones gobernadas por el PP, como Madrid o Valencia.
Díaz viajó ayer a Tenerife para reunirse con el presidente canario. Al término de la reunión, ambos coincidieron en que es el «momento idóneo» para que Rajoy convoque una conferencia de presidentes, un foro que no se reúne desde octubre de 2012. La conferencia, que creó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido convocado cinco veces: cuatro por Zapatero, y uno por Rajoy, que se centró en la lucha contra el déficit público.
En la sexta edición, apuntó Díaz, se debería reflexionar sobre el actual sistema de financiación porque «no se está aplicando correctamente ni en Andalucía ni en Canarias, ambas están por debajo de la media respecto a los ingresos que tienen que recibir». La Junta reclama al Ministerio de Hacienda una «deuda de 1.000 millones por la aplicación incorrecta del sistema de financiación», otros 5.800 millones por «discrepancias» en la liquidación de varios ejercicios presupuestarios, y 750 millones por la no aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto, que blinda la inversión estatal en Andalucía en función de la población durante 2012, 2013 y 2014.
La presidenta andaluza y el canario coinciden en que cada ciudadano debe percibir los mismos recursos para poder atender sus servicios básicos, por eso esperan que otros presidentes autonómicos se sumen a su petición para tener «más fuerza» y que la conferencia pueda ser convocada en el próximo mes de septiembre u octubre.
Díaz y Rivero mantienen el mismo rechazo a la reforma fiscal que acaba de presentar el Gobierno central. Coinciden en que las comunidades dejarán de recibir un porcentaje de sus ingresos, y en que tampoco se garantiza el mantenimiento de los servicios públicos. «Esta reforma», dijo Díaz, «viene a confirmar el plan de estabilidad que Rajoy presentó ante la Unión Europea, donde contemplaba que el peso de la educación y la sanidad en el PIB español iba a ser inferior a partir de este momento y que la pensión media también iba a descender».
La Junta abomina de la reforma fiscal de Rajoy porque, dice, no ataja el fraude ni compensa las subidas de impuestos acumuladas por el Ejecutivo central, «cuyo coste medio para las familias es de alrededor de 950 euros anuales, frente a la media de 250 euros que aportará la reforma a cada contribuyente».
La presidenta andaluza entiende que dado que España está viviendo un «problema de convivencia» territorial, la conferencia también debe servir para debatir la reforma de la Constitución, para fijar «un nuevo marco de convivencia entre todos los españoles, la igualdad de todos los ciudadanos, la solidaridad y que se respeten la singularidades que tienen los distintos territorios. Si con la actualidad política de este país no se convoca a los presidentes autonómicos a esta conferencia, tiene poco sentido que se siga manteniendo este órgano», sentenció.
