Ángel Martín llega al juzgado junto a su abogado.
La instrucción de la causa judicial contra Manuel Ruiz de Lopera por un presunto delito societario y de apropiación indebida prosiguió ayer en el despacho de la jueza Mercedes Alaya con la declaración de dos imputados más: Ángel Martín, mano derecha del antiguo máximo accionista y vicepresidente económico durante gran parte de su mandato, y Javier Páez, sobrino de Lopera y ex consejero aunque con unas atribuciones que nunca quedaron muy definidas. En realidad el único que respondió a las preguntas de la magistrada fue Martín, porque Páez se acogió a su derecho constitucional de no hablar. Lo más llamativo de todo lo que se oyó durante la mañana en el Juzgado de Instrucción número 6 es que el responsable de los asuntos económicos alegó que él se dedicaba "exclusivamente" a los temas fiscales y tributarios y que no tenía nada que ver con la contabilidad del club ni con la elaboración de los contratos entre el Betis y las sociedades de Lopera, al contrario de lo que señalaron el propio Lopera y Guillermo Molina (administrador de Tegasa) en su declaración ante la jueza.En pocas palabras, Martín aseguró que no participó en ninguna de las decisiones investigadas por la justicia porque sólo era asesor fiscal, que su trabajo se limitaba a recibir la contabilidad al final de cada ejercicio y hacer las declaraciones de impuestos y que su papel simplemente era "institucional y representativo". Y así durante las casi tres horas que duró el concienzudo interrogatorio de la jueza, que por momentos no dio crédito a lo que escuchaba. "No me lo creo", llegó a decir alguna vez. Por ejemplo, cuando le preguntó por contratos en los que aparecía su firma y Martín contestó que firmaba lo que le ponían delante, sin mirar ni preguntar de dónde venían las cantidades ni a dónde iban. O como cuando le interrogó por el gasto realizado en las oficinas de la plaza Antonio Martelo, con cargo al Betis, y el ex vicepresidente replicó que no sabía nada.
La exhaustividad de la magistrada, que había preparado unas cincuenta preguntas, hizo que los abogados de dos de las tres asociaciones de la acusación optasen por no plantear ninguna cuestión. El único que intervino fue Juan Casanueva, que representaba a Béticos por el Villamarín. Víctor Castro acudió por Por Nuestro Betis y Adolfo Cuéllar por la Liga de Juristas Béticos. El ex consejero Martín acudió con su abogado particular, mientras que Páez estuvo representado por una letrada del bufete Montero Aramburu, el mismo que defiende a su tío. José María Calero, uno de los pesos pesados en la defensa de Lopera, asistió pero no intervino.
OLIVER BAJO SOSPECHA. Ángel Martín y Javier Páez no serán los últimos en pasar por el despacho de la jueza Alaya en lo que queda de instrucción. La acusación está convencida de que la jueza imputará a más consejeros y fuentes jurídicas incluso apuntan a la posibilidad de que Alaya llame próximamente a declarar a personas que no han formado parte del consejo de administración del Betis. De hecho, a la espera de desmenuzar el informe de la Guardia Civil sobre la venta de las acciones de Farusa a Bitton Sport, los abogados de las tres asociaciones se están planteando la conveniencia de solicitar a la jueza que llame a declarar a Luis Oliver. La Benemérita deja caer en su informe la posibilidad de una "falsedad documental" en la compra de las nueve acciones que le permitieron entrar en el consejo por el método de cooptación. La acusación, de todas formas, quiere estudiar a fondo la investigación de la Guardia Civil para comprobar que su solicitud tiene sustento legal.
