El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, descartó ayer presentar una cuestión de confianza a su gestión en el Parlamento balear, al tiempo que anunció que su Ejecutivo aprobará el viernes una ley en favor de la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos, y del dinero que gastan.
Tras la expulsión la pasada semana de Unió Mallorquina (UM) del Ejecutivo autonómico, los nuevos consejeros de Antich tomaron posesión ayer por la mañana de sus cargos en el Consolat de Mar, sede del Gobierno regional, momento que Antich aprovechó para desafiar al PP a que si tiene una alternativa mayoritaria, plantee una moción de censura. Asimismo, Antich solicitó a la oposición que realice su tradicional función de "control", pero que "deje trabajar" al Gobierno. "Por mí, no será", aseguró. En opinión del presidente, adelantar las elecciones autonómicas crearía "más desconfianza" en los distintos sectores sociales y económicos de Baleares y en la ciudadanía.
Gobernar en minoría tras la expulsión de UM supondrá un "sobre esfuerzo de escuchar a todos", manifestó Antich, para quien solo el Govern tiene una mayoría parlamentaria estable.
Los nuevos nombramientos se producen después de que Antich expulsara a los consejeros de Medio Ambiente, Turismo y Deportes y Juventud, Miquel Ángel Flaquer, Miquel Ferrer, y Mateu Cañellas, todos ellos de UM, por la supuesta implicación de algunos dirigentes de este partido en la Operación Voltor, entre ellos dos ex directores generales del actual Govern, que fueron detenidos en el marco de esta investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y para quienes el juez decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros.
Negociaciones. Junto a esta remodelación, el Ejecutivo insular anunció que negociará a partir de hoy con UM y Partido Popular el proyecto de Ley del Sector Público, que está previsto que esté vigente en seis meses y cuya finalidad es garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos de las islas, y del dinero que emplean.
El consejero de Presidencia y Juventud, Albert Moragues, informó también ayer de que el texto será aprobado el próximo viernes por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria, al tiempo que mostró su confianza en que Unió Mallorquina lo apoye porque hasta hace unos días "estaba" de acuerdo y sería una "sorpresa desagradable" no disponer del respaldo del partido nacionalista o de los populares. El Ejecutivo dio cuenta ayer de esta nueva iniciativa legislativa contra la corrupción, y recordó que el 100% de los presuntos casos de corrupción que se han conocido hasta ahora tienen como protagonistas a entes públicos, caso de Bitel, Turisme Jove, Palma Arena, Inestur o Imet. Después de la expulsión de Unió Mallorquina del Ejecutivo la pasada semana por implicación de altos cargos del partido en casos de corrupción, el Ejecutivo regional pretende controlar ahora el gasto de los entes públicos y la "picaresca" en la aplicación de la Ley de Contratos, además de fijar nuevas normas de control presupuestario y de deuda pública.
