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Anticorrupción pide a la juez de los ERE que imponga una fianza de 256.000 euros a la suegra de Guerrero

el 24 nov 2011 / 14:41 h.

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves a la juez de  Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que imponga una  fianza de 256.000 euros a Victorina Madrid Pisabarro, suegra del  exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía  Francisco Javier Guerrero, imputada dentro de la investigación por la  supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de  regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e  incentivados con fondos autonómicos.  

Las acusaciones que ejercen en este procedimiento la Junta de  Andalucía, el PP y el sindicato UGT se han adherido a la petición de  fianza realizada por la Fiscalía Anticorrupción. La imputada, que se  ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, habría cobrado  155.900 euros del expediente de regulación de empleo (ERE) de SOS  Cuétara a pesar de no haber trabajado nunca en esta empresa, a lo que  se suma el cobro de 74.176 euros a través de una póliza individual.

En el despacho de la juez se han vivido este jueves momentos de  tensión con motivo de la comparecencia, también en calidad de  imputado, de José Antonio Gómez Romón, exfutbolista del Osasuna y del  Atlético de Madrid que habría percibido una póliza de 460.742,12  euros. Tras preguntarle la magistrada sobre sus numerosas cuentas  corrientes, el abogado defensor recomendó a su cliente que no  respondiera, lo que motivó que la juez le dijera que no interrumpiera  e incluso le llegara a decir: "tranquilo en la silla".  

Todo ello motivó que el letrado del imputado, José María Calero,  abandonara el despacho de la juez al considerar que "no estaba en  condiciones" de asistir a su patrocinado, lo que, según ha anunciado  la propia magistrada, será puesto en conocimiento del Colegio de  Abogados de Sevilla. Tras ello, y ya asistido por el letrado de otro  de los imputados, el exfutbolista, conocido como 'Pizo' Gómez, se ha  negado a declarar.  

En estos momentos presta declaración, también como imputado,  Antonio González Pérez, vecino de Cabra (Córdoba) que fue incluido en  el ERE promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana  'Saldauto'.  

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