Instalaciones de Altadis. / José Luis Montero
Nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción y nuevo frente abierto por el fraude de los ERE. El fiscal solicita ahora a la jueza Mercedes Alaya que investigue ya el ERE que promovió Altadis en sus fábricas andaluzas en 2005 y por el que la Junta de Andalucía abonó 22 millones de euros hasta 2010, prescindiéndose «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Por ello, reclama que se impute y se citen a declarar a cinco personas, entre las que se encuentran sindicalistas como Francisco Fernández Sevilla, entonces miembro de la dirección de UGT-A y luego secretario general; y el director de Recursos Humanos de Altadis, José Luis Relea Laso. Asimismo, solicita interrogar de nuevo por esta ayuda tres exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; a los exdirectores de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y Antonio Valverde; y la exasesora de Empleo María José Rofa, todos ellos ya imputados en el caso.
Los fiscales Anticorrupción de Sevilla, siguiendo las conclusiones del informe de la Intervención General del Estado, recuerdan que Altadis llevó a cabo en 2005 un ERE a nivel nacional, aprobado por el Ministerio de Trabajo, para el que suscribió tres pólizas entre 2005 y 2007 destinados los trabajadores andaluces, y en las que la Junta asumía como «compromiso» 30.575.072,79 euros, 2.401.704,59 euros y 2.424.011,99 euros. Según el Ministerio Público, el 7 de noviembre de 2005 Francisco Javier Guerrero confirmó «el abono de 26 millones de euros como pago de primas de las pólizas suscritas para 173 extrabajadores de Altadis», tras un acuerdo alcanzado en diciembre de 2004 suscrito por «Blanca Uruñuela Aguado y Francisco Fernández Sevilla, por el sindicato UGT; por Antonio Perianes Pedrero y Francisco Figueroa Alcarazo, por CCOO; y por José Luis Relea Laso por Altadis» y el propio Guerrero. Éste también firmaría un convenio con IDEA para materializar los pagos, que luego sería renovado por su sucesor, Juan Márquez, hasta que en 2010 Daniel Rivera lo da por extinguido. Hasta entonces, IDEA pagó « 20.477.820,45 euros», a los que hay que sumar «1.848.125,55 mediante los denominados pagos cruzados ordenados por Francisco Javier Guerrero», es decir, cantidades que se tomaban de otras pólizas.
Con todos esto, la Intervención General llega a una serie de conclusiones, que la Fiscalía recoge, en las que se detallan una serie de irregularidades. Así, considera que la Junta «se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa», como es el pago a los trabajadores, sin que conste «la existencia de ningún análisis económico» por parte de la Administración andaluza en el que se detalle si Altadis «no tenía capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta». «En la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», por lo que para la Fiscalía plantea incluso su «nulidad». Además, «no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo».
La Fiscalía añade una lista de irregularidades, que también se dan en el resto de ERE que investiga la jueza Alaya: «no consta la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad», «no se ha acreditado el carácter excepcional de la ayuda», «no consta solicitud formal de las ayudas por parte del beneficiario», «no fue sometida a la fiscalización previa de la Intervención Delegada en dicha Consejería», «no consta ningún seguimiento de la aplicación de las ayudas concedida», ni la «autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de para conceder subvenciones por importe superior a 3.005.060,52 euros», entre otras. Además, «la documentación del expediente es incompleta, fragmentaria», «careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos».
Según la Fiscalía, esta petición se plantea con «la finalidad de avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias», mientras la Audiencia Provincial de Sevilla resuelve su recurso en el que plantean la necesidad de dividir el caso para elevar parte al Tribunal Supremo. Igualmente, los fiscales quieren que se adopten medidas «que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita». Por último, la Fiscalía añade que ante «lo limitado de los recursos humanos y materiales del juzgado y el innegable y prolongado esfuerzo que se realiza por todo el personal del mismo», si la magistrada acepta todas las diligencias que le ha reclamado, «deberá procederse a un importante refuerzo» del órgano judicial que dirige la magistrada.
