El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha abogado, en el marco de la Convención Nacional del PP, por trabajar para que Ceuta y Melilla tengan un estatus especial, similar al de otras regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, tras mantener un encuentro con los presidentes del Partido Popular de Ceuta y Melilla, Juan José Imbroda y Juan Vivas, el coordinador de Economía y Empleo del PP, Cristóbal Montoro; y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para apoyar la firma de una Declaración conjunta sobre el Régimen Económico y Fiscal de las dos ciudades autónomas.
Además, Arenas ha revelado que en el documento que entregó al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, durante la reunión que ambos líderes mantuvieron el pasado jueves, se recoge la propuesta de "abrir" la Oficina de Andalucía en Bruselas a Ceuta y Melilla para que "en el futuro compartamos representación en la Unión Europea".
Arenas ha recordado que durante la etapa de gobierno del Partido Popular "avanzamos en el Régimen Económico Especial de Ceuta y Melilla" y que el documento presentado durante la Convención Nacional que el PP celebra en Sevilla supone "el compromiso de un partido que mañana estará en el gobierno". Asimismo, ha dicho que cuando el PP gobierne en Andalucía "dará desarrollo" al Estatuto de Autonomía de Andalucía en el apartado que cierra una "relación especial" entre Andalucía y las ciudades autónomas. En este sentido, ha recordado que "hace treinta años se discutió si Ceuta y melilla eran autonomía de Andalucía y no fue posible porque el PSOE hizo cuentas y se incorporaban perdían la pre-autonomía de Andalucía se quedaban en minoría".
Respecto a la Declaración conjunta sobre el Régimen Económico y Fiscal de las dos ciudades autónomas, el PP se ha comprometido con la defensa de su mejora y actualización, por considerarlo un instrumento esencial e insustituible para contrarrestar, o al menos paliar, los efectos que, en el desarrollo económico y en los servicios públicos, provocan la extrapeninsularidad, la escasez de recursos naturales, el reducido tamaño, la alta densidad de población, y el hecho fronterizo.
Defensa, por tanto, del régimen económico especial y mantenimiento de una posición común en ambas ciudades en cuanto a objetivos y contenidos. Una posición común que, a juicio del partido, resulta necesaria y conveniente porque el cuerpo legal es único e idéntico para nuestras dos ciudades, y en segundo lugar, por las consecuencias positivas que esta unidad de acción ha tenido, "sobre todo cuando la capacidad de decidir, de ser sensible y receptivo, de comprender la situación y dar soluciones, ha estado en manos de Gobiernos de la Nación respaldados por el Partido Popular".
En dicha declaración se asegura que han sido estos gobiernos los que adoptaron resoluciones tan fundamentales como son las relativas a la cesión del extinto ITE y de los impuestos especiales que gravan las labores del tabaco y los hidrocarburos; la incorporación de Ceuta y Melilla al Fondo de Compensación Interterritorial y su integración en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como miembros de pleno derecho; el establecimiento de un mecanismo legal a través del que se garantiza la recaudación del IPSI, cualquiera que sean las circunstancias sobrevenidas; y la aprobación de una bonificación del 40 por ciento en las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen las empresas y trabajadores autónomos pertenecientes a los sectores del Comercio, la Industria, la Hostelería, y el Turismo.
Entre las nuevas aportaciones dirigidas a concretar, acotar o adicionar, se encuentra considerar, a efectos de la iniciativa sobre ampliación de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, como sectores de interés prioritario, junto con los que en la actualidad son destinatarios de la medida, aquellos servicios que cumplan con alguno de los dos requisitos siguientes: estar igualmente afectados por los condicionantes que justifican la bonificación, como ocurre con el transporte urbano, entre otros; o contar con un notable potencial de empleo en el caso de que la misma les sea de aplicación.
También se recoge establecer el tipo del uno por ciento en el impuesto sobre Sociedades para las entidades implantadas que cumplan con determinadas condiciones de inversión y empleo, en términos parecidos a los contemplados en las zonas económicas especiales del archipiélago canario; y la sustitución del actual IPSI por una figura impositiva tipo IGIC (Impuesto general insular canario), de estructura similar al IVA, pero con tipos más reducidos.
Otras medidas suponen reducir en un 50 por ciento el bloque tarifario de los puertos de Ceuta y Melilla, tomando como referencia las medias nacionales, y contemplar, de manera simultánea, un fondo estatal destinado específicamente a garantizar el normal funcionamiento de ambos puertos; articular los mecanismos legales específicos que sean precisos para que el Ministerio de Defensa pueda ceder, de manera gratuita, suelo disponible de su titularidad con destino tanto a equipamientos públicos e infraestructuras de tal naturaleza como a la promoción de viviendas protegidas; y disponer las medidas que sean precisas para que el coste de la insularidad no repercuta en los precios de la energía y del agua.
Los presidentes firmantes de esta declaración manifiestan también su compromiso de fijar una posición común en relación con otros dos asuntos íntimamente relacionados con el desarrollo y conclusiones de la ponencia que sobre Ceuta y Melilla aborda la Comisión Mixta de las Cortes Generales encargada de los asuntos relacionados con la Unión Europea; y el estudio, junto al Gobierno Central, de la posible integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, opción que deberá ser sometida a la opinión de los agentes económicos y sociales de ambas ciudades. Para profundizar en los asuntos tratados, facilitar la coordinación, y posibilitar el debido seguimiento, ambos presidentes han acordado la constitución de un grupo de trabajo encargado de acometer las mencionadas tareas.
