El propietario de los astilleros de Huelva y Sevilla ha solicitado en el juzgado de lo mercantil que le blinde durante tres meses frente a los acreedores para que, así, éstos no puedan forzarlo a solicitar el concurso de acreedores (esto es, la antigua figura de la suspensión de pagos).
Según fuentes jurídicas y administrativas, la compañía naval reconoce en la comunicación su estado de insolvencia, tal y como le exige la Ley Concursal en cuanto existen presupuestos objetivos para la misma, pero también que ha iniciado negociaciones con los acreedores para propiciar un acuerdo de refinanciación, que, asimismo, lleva aparejado un plan de viabilidad.
Una vez que el juez acepte el escrito -las fuentes jurídicas indicaron que no es habitual que se rechacen estas comunicaciones, nacidas a partir de marzo pasado tras la reforma de la legislación concursal- comenzarán a contar tres meses, durante los que la empresa quedará "a salvo" de cualquier tentativa de los acreedores para forzarle a la suspensión de pagos -es la fórmula del concurso necesario, y quien insta al mismo gana puestos de prioridad a la hora de recuperar el dinero adeudado-, y tampoco tendrá el deber de presentarla.
No obstante, y a tenor de la letra de la normativa, tras los tres meses, se haya o no conseguido un convenio de acreedores, los astilleros "deberán" declararse insolventes y solicitar, pues, la suspensión de pagos en el plazo de un mes a contar desde la finalización de ese periodo de gracia. En el caso de que haya pacto, y según comentaron las fuentes jurídicas, la solicitud de concurso sería un mero trámite (cabe recordar que el convenio pone fin al concurso). Si no se alcanzara, el grupo caminaría directamente a engrosar la ya larga lista de empresas insolventes.
Junto con esa obligación que tiene una sociedad de acogerse a la tutela judicial (administradores judiciales toman las riendas de una empresa durante el periodo de la suspensión de pagos) cuando existen claros indicios de insolvencia (no hacerlo podría incluso conllevar penas para los gestores actuales), hay otro motivo del escrito remitido al juez. Se trata de las negociaciones emprendidas por la compañía naval con la Junta de Andalucía, que estaría dispuesta a poner dinero encima de la mesa para salvar la actividad de ambas factorías, siempre y cuando la empresa presente un plan de viabilidad real.
De esta forma, el armador de Huelva -propietario al 80% de Astilleros de Sevilla- ganaría tiempo para cerrar un acuerdo con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en unas negociaciones que se encuentran empantanadas, pese a que ya el Gobierno regional ha dado garantías para un préstamo rubricado con Caixanova por valor de 6 millones de euros y que servirán para atender las nóminas de los trabajadores durante dos meses y los pagos más urgentes para que no cese la actividad en ninguna de las dos factorías.
Sin embargo, el departamento de Martín Soler rechaza poner más la cara por los astilleros onubenses y sevillanos si el propietario no presenta un proyecto fiable. En este sentido, y según fuentes conocedoras de las negociaciones, existen socios "serios e importantes" que quieren entrar en el capital social del grupo naval, pero que el propietario se niega e insiste, pues, en su capacidad para afrontar el futuro.
Sea como fuere, esas fuentes señalan que la maniobra dilatoria de Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla para evitar el convenio de acreedores, "despeja" la continuidad de los contactos y que se pueda así rubricar un acuerdo. El propio consejero de Innovación, Martín Soler, advertía la semana pasada de que urgía un pacto, para que la firma no se viera obligada a solicitar el concurso de acreedores "en unas semanas".
Los dos astilleros suman unas deudas de 280 millones de euros, según ha reconocido la empresa a la Junta de Andalucía, que creía que la cifra era la mitad.
