En Anatomía de un instante, de Javier Cercas, se encuentran explicaciones para el ignominioso archivo del Caso Camps. El ensayo insiste en que Suárez llevó adelante el tránsito a la democracia tras convencer a las fuerzas y poderes herederos del Golpe de Estado de 1936 de que, siguiendo las reglas de Klausewitz, se reforzaba "lo atado y bien atado" con medios más convenientes para la nueva situación. Por eso la mayoría de quienes actuaron en el Golpe del 23 de febrero de 1981 estaban convencidos de usar la "opción B" de la legalidad vigente ya que para ellos la monarquía, las Cortes y hasta su irrupción "salvadora" de la Cámara de Diputados provenían de lo único que, a su juicio, daba legitimidad al ordenamiento jurídico-político español: el régimen de Franco.
Suárez, nuestro Dantón, tras las primeras elecciones, fue el primero en percatarse de que, a las 12 de la noche del 15 de junio de 1977, su poder ya no emanaba del Rey sino de los votos emitidos ese día: era el único que, en toda España e incluyendo al Rey, lo tenía con la legitimidad popular otorgada por las papeletas de los ciudadanos.
Confundió sus deseos con la realidad y lo pagó en los días nefastos del asalto al Congreso. También lo pagó el franquismo que anidaba en el estamento militar porque, al poco, las elecciones andaluzas dinamitaban UCD y meses después el PSOE obtenía la mayor victoria jamás contada. Felipe González, al internacionalizar al ejército con el referéndum de la OTAN, le quitó su marchamo de "nacional" pero no ocurrió nada parecido con el poder judicial -el tercer poder de cualquier democracia- que, sin recibir el bautismo del pueblo, siguió tan "moro" como la guardia de Franco.
En ese poder, que en España sólo procede del aprobado en unas oposiciones, es sobre el que se han asentado todas las "opciones B" de cuantos creen que sigue vigente la herencia del "atado y bien atado", de los convencidos de que en España la democracia no es sino la continuación por otros medios de la paz que siguió a la guerra. Hoy habría que preguntarse si, del mismo modo que al final del franquismo hubo "islas de libertad", no existen espacios donde aun no ha penetrado la división de poderes de Montesquieu gracias a una tácita alianza de ultraconservadores políticos y judiciales.
La favorece la permanencia de estereotipos del pasado lo mismo que favorece a Puttin el zarismo atávico de los rusos. Por eso una infracción administrativa -no tener un permiso autonómico de caza- obliga a Bermejo -que pretendía cambiar la carrera judicial- y otra similar, la de Aznar, multado por exceso de velocidad, se soluciona diciéndole al guardia, como si fuera su zar, "cumpla con su deber".
En realidad, tras la dimisión, su proyecto se difumina y la huelga de jueces, convocada aparentemente por condiciones laborales, hace otro tanto. En cualquier protesta se exigen dimisiones menos en aquellas contra los errores judiciales y, de hecho, ni un solo juez ha dimitido: pervive el cliché de que son eternos, como los Principios del Movimiento. Por eso, la más urgente de las reformas sería la de conseguir que el poder de jueces y fiscales, como los otros, emane del voto. Un cascabel difícil de poner pero el único modo de que España terminara de vertebrarse el Estado de Derecho y dejara de ser, en expresión del profesor Sánchez-Cuenca, un Estado de Derecha.
