La vicepresidenta Elena Salgado, avanzó ayer la propuesta estatal para rescatar al sistema financiero que, entre otras cosas, eliminará el derecho de veto a las fusiones por parte de las comunidades autónomas. El Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) permitirá al Estado entrar en el capital de las cajas a través de algo similar a las acciones llamado cuotas participativas, situación inédita hasta ahora. El Gobierno tendrá plenos poderes y, por tanto, derechos políticos durante un periodo transitorio cuya duración no ha sido especificada. La intervención sólo se llevará a cabo en aquellas cajas que atraviesen una peor situación y se hará bajo la supervisión del Banco de España, aunque la entidad emisora perderá poder frente al Gobierno, lo que obligará a dejar en suspenso la Ley Orgánica de Cajas de Ahorro (LORCA). Y es aquí donde las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han mostrado serias reticencias, toda vez que los gobiernos regionales no podrán oponerse a operaciones de concentración que vengan precedidas de una intervención. En la práctica, la medida abre la puerta a que el Estado decida, al margen de las autonomías, los procesos de fusión interregionales que considere oportunos para contribuir a la mejora del sistema financiero español, relevando su cúpula directiva si fuera necesario, como en la Caja Castilla-La Mancha. Hasta ahora, Cataluña ha sido la región más beligerante y ha mostrado su rechazo frontal a los nuevos planes, de los que también recela Andalucía, sobre todo después de que Salgado anunciara ayer la "inevitable reestructuración" del sistema a través de nuevas "integraciones". El Gobierno ha negociado el plan con los partidos políticos pero ha excluido a las comunidades autónomas, que tienen en la actualidad las competencias. Con ese punto de partida, dejando al margen a los principales actores del proceso, es lógico pensar que el plan encontrará numerosos escollos.
