El proceso abierto por la Fiscalía ha sacado a la luz las supuestas fiestas del primer ministro en la villa de Arcore en las que, según la Fiscalía, Berlusconi habría mantenido relaciones sexuales con la joven marroquí Kharima El Mahroug, alias Ruby, cuando era menor de edad. Un proceso que Berlusconi considera que es una "persecución" contra él por parte de los jueces para "echarle del cargo".
Por ello, el partido de Berlusconi convocó ayer una manifestación en la ciudad de Milán a la que él mismo asistirá. Inicialmente estaba prevista una iniciativa en teatros de 100 ciudades italianas, pero el clima político tras el caso Ruby -por el que la oposición ha exigido su dimisión- ha impulsado al Il Cavaliere a transformar el evento en una gran marcha que se celebrará en la plaza de la Catedral de Milán.
El polémico mandatario defendió que su Gobierno "no puede dejar que los jueces hagan política" y tengan al Ejecutivo "bajo control". Asimismo, sostuvo que rechazará "cualquier ataque de la magistratura" porque el país "necesita volver a la normalidad democrática". "Italia no es un estado policial", sentenció.
Ante esta acusación el secretario de la Asociación Nacional de la Magistratura, Giuseppe Cascini, señaló que "no hay un enfrentamiento institucional" sino que hay "una agresión a la magistratura" por parte de Berlusconi, ya que "rechaza el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".
Pero Ruby no será el único caso al que tendrá que hacer frente el primer ministro italiano. Ayer la Fiscalía de Roma reabrió el proceso Mediaset por evasión fiscal en la compraventa de los derechos de autor de las televisiones de la empresa televisiva Mediaset, propiedad de Berlusconi. La causa había sido suspendido el pasado 19 de abril, en la fase de las pruebas testimoniales, cuando los hechos fueron remitidos al Tribunal Constitucional para que decidiera sobre el llamado legítimo impedimento.
El legítimo impedimento, un decreto impulsado por el ministro de Justicia, Angelino Alfano, permitía que Berlusconi alegara "problemas de agenda con compromisos oficiales" para suspender los tres procesos interpuestos contra él por la Fiscalía. Finalmente, el Tribunal Constitucional (TC) consideró que el decreto era constitucional "en parte" y dejó a los jueces ordinarios la decisión de declarar "legítimos" estos compromisos oficiales, lo que ha permitido reabrir los procesos.
Y es que Berlusconi tiene ahora pendientes cuatro causas, dos por evasión fiscal y fraude en la gestión de sus empresas Mediatrade y Mediaset y otro por sobornar al abogado británico David Mills para que mintiera en un juicio. Además del mencionado caso Ruby.
