El ministro de Justicia replicó ayer al paro advirtiendo a jueces y secretarios judiciales de que "si alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá", y los acusó de intentar "presionar" para que no se eleve la sanción al juez del caso Mari Luz. Justicia admitió un 73% de adhesión a una huelga que el sector elevó al 90% y que ensanchó aún más la brecha entre ambas partes.
El sector judicial, habitualmente hermético hacia la sociedad y ayer movilizado de forma inédita, enarbolando por primera vez pancartas y lemas, fue lanzando durante toda la mañana duros mensajes contra el Gobierno desde todos los puntos de la geografía española, mientras la actividad judicial quedaba congelada.
La respuesta del Ejecutivo no pudo ser más contundente: el ministro, Mariano Fernández Bermejo, afirmó que el paro de ayer fue un intento de presionar al Consejo General del Poder Judicial para que no cambie la sanción al juez del Penal 1 de Sevilla y magistrado del caso Mari Luz, Rafael Tirado.
Lamentó "profundamente" una protesta que tildó de "grave", y denunció en la administración de Justicia "un movimiento corporativo difícilmente explicable en términos de racionalidad".
Tras denunciar la "defensa corporativa" a la secretaria judicial del caso, dijo que el paro, que los jueces han compartido al reunirse en juntas para protestar ante lo que creen "injerencias" del Gobierno, resulta "inexplicable".
"Si alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá. En el Estado de Derecho, si hay una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona". Bermejo añadió: "No parece explicable este movimiento que parece pretende presionar al CGPJ para que no cambie la sanción".
El ministro tachó de "lamentable" que los jueces muestren "esa actitud", mientras que su secretario general, Julio Pérez, llegó a calificar de "huelga encubierta" las reuniones con las que los magistrados apoyaron el paro de los secretarios judiciales, que impidieron celebrar juicios incluso en salas en las que el secretario sí se había presentado.
Bermejo también defendió el "legítimo derecho" del Gobierno a opinar sobre la sanción "escasa" de 1.500 euros impuesta en su día a Tirado, palabras que provocaron un profundo malestar en la judicatura y se han traducido en un duro manifiesto, firmado ayer por la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo para cuestionar las "presiones políticas" del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, los magistrados de la Audiencia Nacional acordaban proponer al Consejo del Poder Judicial medidas para "garantizar una Justicia de calidad y evitar situaciones de riesgo" que pudieran desembocar en un nuevo caso Mari Luz.
El escenario de un cruce nunca visto de acusaciones entre Gobierno y administración de Justicia fue una protesta seguida masivamente, cuyo éxito el ministerio no se molestó en discutir: si los convocantes afirman que el 90% de los secretarios judiciales secundó las tres horas de paro, Justicia sólo lo recorta hasta el 73%. La evidencia de que los tribunales estaban paralizados ha evitado la habitual guerra de cifras.
La mayor incidencia de las movilizaciones, según datos del Ministerio de Justicia, se registró en la Audiencia Nacional, con el 91%. Por territorios, fueron Melilla -83%-, Cantabria -80%-, Navarra -79%- Madrid -79%- y Andalucía -76%-. En esta última, el Consejo de Secretarios Judiciales eleva la incidencia hasta el 95%.
Dentro de la comunidad autónoma andaluza, el seguimiento fue especialmente significativo en Sevilla -98%-, por acoger el juzgado que olvidó encerrar a Santiago del Valle tras ser condenado, permitiendo que estuviera en la calle cuando supuestamente mató a la pequeña Mari Luz Cortes. El paro afectó a unos 300 procedimientos judiciales en toda la provincia.
Los juzgados malagueños fueron los más perjudicados, con un seguimiento que superó el 96% según los secretarios judiciales, y que impidió la celebración de 500 juicios y otras tantas comparecencias, en torno a un millar de asuntos en toda la provincia.
En Jaén se unió el 100% de los secretarios, obligando a cancelar todos los juicios, casi un centenar; e igual ocurrió en Córdoba con todos los estamentos judiciales.
Las movilizaciones se acompañaron de duras declaraciones. En un comunicado conjunto leído frente a todas las sedes judiciales al término del paro, el Consejo de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista acusaron al Ministerio de Justicia de intentan ocultar la ausencia de mejoras para modernizar el servicio con la sanción a su compañera, y denunciaron que la verdadera causa de lo ocurrido es la insuficiencia de medios. Por eso, han pedido que se esclarezcan las responsabilidades y no se utilice la sanción a su compañera del Penal 1 de Sevilla como una "cortina de humo" para ocultar las carencias de la Justicia.
Las juntas de jueces que se han celebrado aprovechando la paralización de los juzgados, que fueron criticadas por el secretario de Estado de Justicia, quien consideró "evidente" que habían sido concertadas para aumentar la incidencia de las protestas, también culminó con la aprobación de unos acuerdos en los que, además de reclamar más medios humanos y materiales, los magistrados han denunciado las presiones políticas que en su opinión sufre el
