El Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, a cuya puesta en marcha se comprometió el Gobierno a raíz del caso de la niña Mari Luz, cuyo presunto asesino estaba en libertad pese a tener una condena por abusos a su hija, entra hoy en funcionamiento.
El nuevo registro, cuya puesta en marcha aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 6, será presentado a lo largo de la mañana de hoy por el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en Sevilla, la ciudad en la que ejerce el juez Rafael Tirado, a quien el Consejo General del Poder Judicial multó con 1.500 euros por no ejecutar esa sentencia condenatoria.
La base de datos que ahora entra en funcionamiento, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como parte del proceso de modernización del sistema de registros administrativos, ofrecerá información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición judicial y sobre la peligrosidad del imputado.
Su puesta en marcha contribuirá a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales, especialmente las cometidas sobre menores, ya que una de sus principales novedades es que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas. Este registro se integra en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia junto a las bases de datos de los registros de Penados, Víctimas de la Violencia Doméstica, Rebeldes Civiles y Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
Al de medidas cautelares tendrán acceso los órganos judiciales, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil, que dispondrán de más elementos de juicio a la hora de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal. Los jueces podrán valorar la existencia de riesgo de fuga en las resoluciones en las que decidan sobre la prisión o libertad provisional del imputado.
Bermejo, no obstante, no visitará los juzgados sevillanos, donde hoy se ha convocado una asamblea provincial de secretarios judiciales que va a denunciar que el nuevo registro "va a suponer un aumento de carga de trabajo", según explicó Luis Toribio, vocal en Sevilla del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. Según él, los 18 meses previstos para que el nuevo registro se conecte con las distintas comunidades significan que durante todo ese tiempo "no va a tener la eficacia que todos deseamos". Además, los secretarios judiciales van a apoyar las reformas en curso salvo en lo referente a la fe pública, por lo que exigirán que los secretarios sigan asistiendo a todos los juicios.
