La Comisión Europea está examinando si las ayudas públicas concedidas hasta ahora por España a Caja Castilla-La Mancha (CCM) para garantizar su supervivencia, así como los fondos para facilitar su absorción por parte de Cajastur, respetan la legislación comunitaria.
"La Comisión está analizando todavía el estatus del apoyo financiero recibido por Caja Castilla-la Mancha y su compatibilidad con el Tratado", explicó a Europa Press el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.
"Hay discusiones en curso con las autoridades españolas acerca de todas las operaciones que puedan afectar a CCM desde el punto de vista de las ayudas públicas, incluida la adquisición en cuestión", señaló el portavoz al ser preguntado por si la compra de Caja Castilla-la Mancha por parte de Cajastur había sido notificada a Bruselas.
Hasta ahora, el Banco de España ha concedido a CCM una línea de liquidez por un importe máximo de 9.000 millones de euros. Además, la entidad recibió 1.300 millones de euros del Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas. Tras su adquisición por Cajastur, será la entidad asturiana la que se quede con las ayudas del Fondo de Garantías.
La Comisión ha avisado al Gobierno español de que deberá pedirle autorización caso por caso para las ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se concedan para facilitar la reestructuración de bancos y cajas de ahorros. Sólo así estas ayudas gozarán de "seguridad jurídica" y se evitará el riesgo de que el Ejecutivo comunitario reclame posteriormente su devolución por considerarlas ilegales.
La exigencia de notificaciones caso por caso se aleja de la práctica que había seguido hasta ahora el Ejecutivo comunitario, que consistía en examinar y aprobar solamente los planes de ayuda al sector bancario, y dejar su aplicación individual en manos de las autoridades españolas. Es lo que ocurrió con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el plan de avales del Estado a las nuevas emisiones de deuda, cuyas operaciones individuales no han debido comunicarse a Bruselas.
En este caso, la Comisión exige aprobar cada caso individual porque considera que las condiciones que establece el FROB son "tan amplias y generales" que dejan mucho "margen de maniobra a las autoridades españoles a la hora de dar ayudas a bancos individuales".
Por su parte, la integración de CCM en Cajastur a través de su banco para grandes fortunas ha despertado recelos en el PP, IU y los sindicatos, que ven la operación como una privatización de la entidad castellano-manchega y dudan sobre el mantenimiento del empleo.
La reacción más dura a la operación provino ayer del PP, cuyo viceportavoz en el Congreso de los Diputados, Arturo García-Tizón, advirtió de que el traspaso del negocio bancario de CCM a Banco Liberta -que tiene ficha de banco- podría ser "un fraude de ley" y cuestionó el reparto de poder en Banco Liberta, donde el 25% del capital estará en manos de la entidad absorbida y el 75% en manos de Cajastur.
Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, sostuvo que el proyecto supone la privatización de CCM, lo que será en su opinión un referente "lamentable".
En esa misma línea se pronunciaron los sindicatos, que también mostraron su cautela por las incertidumbres que todavía pesan sobre la integración, especialmente en materia de empleo.
El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, José Luis Gil, sostuvo que el plan de Cajastur "no va en la dirección" de mantener la caja de ahorros.
Fernando Botica, uno de los representantes de ese sindicato en la entidad castellano-manchega fue más allá al afirmar que "adultera y devalúa" la naturaleza jurídica de la caja.
El secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, consideró "fundamental" que exista un acuerdo laboral que acompañe al proyecto de integración, de forma que si no se llegara a un pacto, el sindicato votaría en contra de la operación en la Asamblea de la entidad, según señaló el representante de UGT en la caja, Carlos Jiménez.
"La posible pérdida de empleo y de las condiciones laborales de CCM es una línea roja que vamos a defender", dijo Pedrosa en declaraciones a Efe, tras expresar su temor a una posible reducción de la plantilla, compuesta por casi 3.000 personas.
Esas reacciones contrastaron con las de los máximos responsables del Gobierno asturiano y de Castilla-La Mancha (ambos controlados por el PSOE), que se felicitaron por el visto bueno del Banco de España y que consideraron el plan como el mejor posible.
También acogió favorablemente la operación el segundo banco español, el BBVA, que consideró que la reestructuración del sistema financiero español "ha empezado bien".
Ayer se siguieron conociendo datos sobre ese proyecto de integración, después de que el equipo directivo de CCM mantuviera una reunión con los representantes de los trabajadores.
La integración parcial provocará que Banco Liberta, la filial de banca privada de Cajastur que absorberá el negocio de CCM, deba contar con unos recursos propios de al menos 1.000 millones para cumplir los requisitos mínimos de solvencia exigidos por el Banco de España.
Según fuentes sindicales, las dos entidades empezarán a negociar en las próximas semanas multitud de aspectos del proyecto de integración que todavía no se han concretado, como el "sistema de protección de activos", que garantizará que una parte de los créditos no pierda valor, o como la cifra de capital y reservas de Banco Liberta.
Según los cálculos de CCM, para contar con un "core capital" (activos de mayor calidad) del 5,5%, el Banco Liberta debería poseer unos recursos propios de al menos 1.000 millones, de los que el 25% serán aportados por la caja castellano-manchega previsiblemente a través de inmuebles y otras aportaciones no dinerarias, mientras que el 75% restante (al menos 750 millones) corresponderá a Cajastur.
No obstante, desde Cajastur señalaron que el Banco Liberta deberá iniciar su andadura con un nivel de solvencia similar al que la caja asturiana tiene actualmente, y que se concreta en un 12% de "core capital".
