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Economía

Bruselas pide subir el IVA y la luz para bajar las cotizaciones sociales

La UE exige un techo de gasto para las comunidades autónomas y sugiere que se haga una ampliación de la reformal laboral.

el 07 jun 2011 / 14:26 h.

El presidente de la CEOE y los secretarios generales de CCOO y UGT coincidieron ayer unos días después de que se rompiera la negociación colectiva.

Bruselas sigue apretando a España, en esta ocasión con el objetivo de beneficiar al empresario y controlar el techo de gasto de las regiones. Así, la Comisión Europea pidió ayer al Gobierno que durante el próximo año reduzca las cotizaciones sociales de los trabajadores para disminuir los costes salariales, y que compense la reducción de ingresos con aumentos del IVA y de los impuestos sobre la energía, lo que recaería en todos los ciudadanos. Además, pidió más mano dura con las comunidades.

La solicitud está incluida en las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario ha dirigido a España de cara a la elaboración de los presupuestos y el plan de reformas para 2012, que serán aprobadas en la cumbre de líderes europeos del 23 y 24 de junio.

El Ejecutivo español no tardó en responder a través de la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, quien consideró que "no parece razonable" subir el IVA para compensar una rebaja de las cotizaciones sociales que abonan los empresarios porque "en este momento" hay que estimular el consumo.

"No creemos que sea lo que tenemos que hacer", replicó Salgado para referirse a países como Dinamarca, que tiene un IVA del 25% con el que financia "buena parte" de las cotizaciones. "No nos parece razonable una reducción de cotizaciones sociales, porque sirven para pagar futuras pensiones", explicó, al tiempo que descartó que España vaya a seguir a "corto plazo" esta recomendación.

Bruselas destaca que España ha registrado un "fuerte incremento" de los costes laborales unitarios desde finales de los 90, lo que se ha traducido en más inflación y una pérdida de competitividad. En este sentido, resalta que "los impuestos sobre la energía, especialmente sobre los carburantes, son relativamente bajos en España y podrían ser una forma de compensar los ingresos". Y defiende "modificar la estructura y los tipos del IVA".

La UE reclamó además al Gobierno aprobar la reforma de la negociación colectiva -algo que hará el Ejecutivo el viernes- y modificar las cláusulas de revisión salarial "para garantizar que el crecimiento de los sueldos refleje mejor la evolución de la productividad, así como las condiciones a nivel local y de la empresa". Bruselas le pide también que evalúe el impacto de la reforma laboral aprobada en 2010 y que, si los resultados son negativos, haga más cambios en el mercado de trabajo para reducir la temporalidad y mejorar el acceso de los jóvenes.

En materia de consolidación fiscal, recomienda que adopte más medidas de ajuste en 2011 y 2012 si las previsiones del Gobierno no se cumplen, ya que Bruselas ve "demasiado favorables" los datos de crecimiento que maneja el Gobierno para 2011 y 2012.

A juicio del Ejecutivo comunitario, la economía española crecerá este año sólo un 0,8% y un 1,5% en 2012, frente al 1,3% y el 2,3% que espera el Gobierno. Por ello, Bruselas ha pronosticado que el déficit español se situará este año en el 6,3%, tres décimas por encima del objetivo, y en el 5,3% en 2012, casi un punto por encima del 4,4% al que se ha comprometido el Gobierno.

España debe "garantizar que se cumplan los objetivos de déficit en todos los niveles, aplicando estrictamente los mecanismos de control del déficit y de la deuda para las comunidades". Además, reclama que se adopte tanto a nivel nacional como en las regiones una regla que limite el alza del gasto por debajo del crecimiento del PIB.

En materia de pensiones, Bruselas solicita la aprobación final de la reforma que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y una cláusula de revisión para ajustar "regularmente" esta edad a la esperanza de vida.

Asimismo, pide "reforzar la reestructuración en marcha en las cajas afrontando los puntos débiles que quedan en su estructura de gobierno".

La patronal exige una reforma "profunda"

El presidente de la patronal madrileña (CEIM ) y vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, pidió ayer al Gobierno que lleve a cabo una reforma de la negociación colectiva "buena" y "profunda", acorde a las necesidades que requiere el país.

Fernández señaló que el Ejecutivo debe "tomar nota" de las conversaciones mantenidas entre sindicatos y patronal, y añadió que éste "es el momento oportuno" para que el Gobierno legisle sobre este asunto.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno castigue a la patronal sin incluir en la reforma el absentismo laboral, insistió en que el Ejecutivo "no tiene por qué hacerlo", ya que se ha comportado "como lo tenía que hacer". "CEOE ha negociado durante tres meses con los sindicatos, y aquí no hay que castigar ni a los sindicatos ni a la patronal", concluyó.

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES ), Marcos Peña, afirmó ayer que el fracaso de las negociaciones no pone a España "al borde del precipicio", aunque admitió que un acuerdo habría sido lo aconsejable para garantizar su mejor aplicación.

"Se puede exigir negociar, pero no llegar a acuerdos", aseguró, y puso en valor del "mérito" que ha supuesto que las partes hayan intentado alcanzar una reforma acordada.

Dicho esto, Peña no quiso entrar a valorar cuál sería una buena reforma de la negociación colectiva e instó a esperar al viernes para ver la norma que aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros, si bien el presidente del CES cree que
"es bueno que la norma se vaya ajustando a la realidad".

Además, insistió en la necesidad de creer en el diálogo entre patronal y sindicatos en el marco de la negociación colectiva, a la vista de que en los últimos 30 años "se ha negociado todo y de todo".

Por otro lado, preguntado por si el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo entre los agentes sociales podría dificultar la aplicación de la reforma, Peña admitió que ello habría "ayudado", pero resaltó que la ausencia de pacto no restará legitimidad ni utilidad a la reforma que apruebe el Gobierno el próximo viernes.

 

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