El Gobierno andaluz fue pionero en España al subvencionar el regreso a la formación reglada. En el verano de 2011, el presidente José Antonio Griñán anunció en el Debate del Estado de la Comunidad unas becas salario de 400 euros al mes para facilitar el retorno a la escuela a miles de jóvenes que habían abandonado los estudios para trabajar en la construcción. La medida fue muy aplaudida por sindicatos y empresarios, porque se adoptó en mitad de la tormenta de la recesión económica. Los recortes en el gasto público habían comenzado, auspiciados por Zapatero, y aún faltaban unos meses para que Rajoy llegara a Moncloa.
Visto con perspectiva, la Junta supo marcar distancias con lo que tenía detrás y con lo que estaba por venir. Las ayudas para jóvenes parados la Junta las bautizó becas de segunda oportunidad parecían la horma del zapato para Andalucía, una región con una tasa de paro juvenil superior al 50%, según datos de Eurostat. La llamada del ladrillo fue singularmente perniciosa en esta región, extirpó de las aulas a más 135.000 estudiantes de media al año en el último lustro (un 37% de abandono escolar temprano). Cuando el sector de la construcción colapsó, todos esos chavales engrosaron la lista del paro más larga del país.
¿Qué ha pasado para que los agentes sociales que aplaudieron aquella medida hayan terminado ninguneándola? Desde la federación de enseñanza de UGT y de CCOO, más vinculados a la FP reglada que a la ocupacional, han cuestionado la capacidad de la Consejería de Educación para entender el perfil del joven parado en Andalucía. Tras el tropiezo del primer año, en el que quedaron desiertas tantas becas, debieron hacer un estudio prospectivo de los posibles beneficiarios, dicen. Desde 2011, la Junta ha destinado a estas becas un presupuesto de 24 millones de euros, de los cuales sólo ha gastado 1,1 millón. Educación ofertó 6.000 becas en dos años pero los requisitos fueron tan exigentes que sólo 296 chavales han accedido a las ayudas. El 95% han quedado desiertas y el volumen casi total del presupuestado ha vuelto a quedar inutilizado por segundo año consecutivo. A pesar de todo, la consejera Mar Moreno explicó en el Parlamento que la Junta ha aumentado este año un 14% los recursos propios para becas.
Todas las razones socioeconómicas que inspiraron las becas de segunda oportunidad siguen vigentes. Es más, el paro juvenil ha seguido creciendo y requiere un capítulo aparte en el volumen de preocupaciones que le quitan el sueño a las administraciones. ¿Cómo es posible que de una ayuda económica para el estudio destinada a un público potencial de 300.000 andaluces sólo se hayan beneficiado menos de 300 chavales? Las becas van dirigidas a jóvenes de entre 18 y 24 años que lleven al menos un año en el paro. Ése es el requisito básico. Durante el curso pasado, más de 30.000 chicos de esa franja de edad (donde se concentra el abandono escolar temprano) se matricularon en FP, Educación de Adultos y Enseñanza de Idiomas, tanto en la modalidad semipresencial como en la presencial. Esto demuestra que la necesidad que inspiró las becas no ha variado. A falta de expectativas laborales para aquellos a los que el mercado inmobiliario dio el portazo, los jóvenes se han visto abocados a volver a estudiar.
En la primera convocatoria de las becas salarios para parados quedaron desiertas el 98%. La Junta ofertó las primeras 3.000 ayudas y concedió 54. La consejería admitió que los requisitos de la beca eran demasiado duros y con condiciones excluyentes: el candidato, de entre 18 y 24 años, debía llevar parado al menos un año, debía tener hijos a su cuidado u otras cargas familiares, primaba el regreso a Bachillerato y FP que volver a empezar en Secundaria y su renta familiar no podría superar los 4.792 euros al año. En la segunda convocatoria, cuyo resultado se hizo público a principios del mes pasado, volvieron a ofertarse 3.000 becas, de las cuales sólo se han concedido 242. El problema ha sido el mismo. La beca segunda oportunidad no termina de despegar, aunque hemos mejorado respecto al primer año. La mayor parte de las denegaciones lo han sido la renta. También es más difícil informar a quienes están fuera del sistema educativo, e influye la concurrencia de otros programas de formación para el empleo que están subvencionados con cuantías similares o jóvenes que perciben prestación por desempleo a los que la beca no les compensa, explican fuentes de la consejería.
De la primera a la segunda convocatoria, Educación pulió algunos de los requisitos más duros para aumentar el número de beneficiarios: bastaba con ser parado (no necesariamente de larga duración) y ya no era imprescindible tener hijos o familia a cargo, aunque estos criterios seguían sumando puntos. Pero en la segunda convocatoria, la Junta ha mantenido el límite de renta en el 75% del IPREM (en torno a los 4.800 euros al año). Los jóvenes en paro que dejaron los estudios y piensan en regresar a la escuela tienen ingresos superiores a ese límite, y por eso no acceden a la beca.
El desfase en la planificación de la beca salario, que tropieza por segunda vez en la misma piedra, se produce en un contexto complejo. Hace dos semanas, Griñán firmó con patronal y sindicatos un Pacto por el Empleo, que pretende ser la hoja de ruta de todas las políticas de la Junta enfocadas a reducir una tasa de desempleo superior al 35%.
