Las cajas de ahorros de Andalucía, los segundos accionistas del grupo agroalimentario SOS -propietario de los aceites Koipe y Carbonell y de los arroces SOS-, están molestas con la familia Salazar, que tienen el control de la compañía. El ambiente está enrarecido a cuenta de un crédito multimillonario que ésta otorgó a los Salazar, pues no está muy claro cómo y por qué se hizo.
Fueron 212,7 millones de euros en un préstamo otorgado por SOS a la sociedad de inversión Condor Plus, propiedad de quienes precisamente son los principales accionistas de la firma alimentaria, los Salazar. Es mucho dinero para los tiempos de crisis en que vivimos -para hacerse una idea, esa cifra equivale a la tercera parte de la capitalización, o valor en bolsa, que tiene la compañía-.
Al parecer, la operación no se hizo ni se explicó con la suficiente transparencia, al aprobarse a prisas en un consejo de administración donde faltaban varios consejeros y algunos de los presentes se negaron a rubricar las cuentas de 2008 hasta conocer el porqué y el para qué del préstamo. Y aquí aflora el malestar de las entidades financieras de Andalucía, que hasta ahora habían tenido fe ciega en el presidente de SOS, Jesús Ignacio Salazar, acudido a las distintas ampliaciones de capital acometidas y comprometido dinero para sufragar operaciones corporativas del grupo, sobre todo compras de aceiteras en Italia.
En concreto, las cuatro cajas de ahorros andaluzas presentes en el capital del grupo alimentario -a saber, Cajasol, Cajasur, Unicaja y Caja Granada- suman actualmente un 24,09% de los títulos, porción que las convierte en los segundos mayores accionistas, tras la familia Salazar (28,226%).
Se trata de un porcentaje más o menos estable -Cajasur hizo el año pasado varias operaciones de desinversión, que rebajaron su participación al 4,855%- que ha dado seguridad al accionariado de la empresa desde que, allá por los años noventa, la Junta de Andalucía impulsara el desembarco de las cajas en la aceitera Koipe, tras comprar ésta Carbonell y ambas fueran posteriormente absorbidas por SOS Cuétara. Para el Gobierno autonómico era -y aún lo es- una posición estratégica en una compañía que lidera una de las joyas del campo regional, el aceite de oliva, y cuyas principales instalaciones se ubican en la comunidad.
Es más, antes de la entrada de Unicaja en la eléctrica Iberdrola, la de SOS Cuétara era el diamante de la presencia de las cajas andaluzas en una compañía cotizada. Al cierre del mercado del pasado viernes, ese 24,09% tenía un valor bursátil de 166,17 millones de euros, pero a comienzos de 2008 rozaba los 500 millones.
Tan importante era esa participación que cuando las cinco entidades con sede social en Andalucía decidieron hacer del Banco Europeo de Finanzas (BEF) un instrumento para canalizar inversiones, sopesaron traspasar a éste sus respectivos porcentajes -ver cifras anexas-, y con la legislación bursátil de entonces -ya cambiada- se hubieran visto obligadas a lanzar una opa sobre la totalidad del grupo, pues disponían de más del 25% del capital. Semejante empeño no fructificó ni siquiera cuando la normativa cambió -elevó al 30% el máximo a partir del cual se obliga a realizar una oferta íntegra de compra-. Dos claves: los dividendos que cada una de ellas cosechaba por separado y una sangría fiscal que ninguna estaba dispuesta a asumir.
En el consejo de administración de SOS se sientan dos cajeros andaluces: Antonio Pulido, presidente de Cajasol, y su homólogo en Caja Granada, Antonio Claret García, así como el directivo Ángel Fernández Noriega por parte de Unicaja y un representante del grupo empresarial Cajasur.
Según la documentación remitida por SOS al supervisor de los mercados, la CNMV, la concesión del citado préstamo tenía su origen en otra operación corporativa para dar entrada en su capital a un fondo soberano árabe, que no se ha materializado, y extender el negocio a este país no detallado.
