Lejos de reducir su peso en el ladrillo, Cajasur tuvo que asumir el año pasado participaciones en inmobiliarias por valor de 149,8 millones de euros, en la mayoría de los casos para convertir en títulos (acciones) de su propiedad las deudas que esas empresas tenían contraídas con la entidad cordobesa.
El Informe de Gobierno Corporativo remitido ayer por la caja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores contiene detalles sobre las operaciones de inversión emprendidas durante el año pasado. Salvo un desembolso de escaso calado (medio millón) en la firma madrileña Vehículo de Tenencia y Gestión y otra de mayor envergadura (de 8,41 millones de euros) en la compañía alimentaria SOS, el resto se adscribe al ladrillo.
Y en el caso de SOS, la entidad no aclara si fue una inversión en la compra de acciones en el mercado o si tiene que ver con los títulos pignorados (dados en prenda) que tenían los hermanos Salazar, ex máximos ejecutivos del grupo venidos a menos tras su expulsión del mismo y la pérdida de la mayoría de su participación en el capital. Sea como fuere, tras la operación Cajasur suma el 5,19% del accionariado.
Los importes económicos más elevados corresponden a Prienesur, promotora inmobiliaria heredada de las relaciones que la entidad cordobesa mantuviera con el empresario Rafael Gómez -conocido como Sandokán y que está implicado en el caso de presunta corrupción urbanística Malaya- en tiempos de la presidencia del cura Miguel Castillejo.
El citado informe enviado a la CNMV indica que el 46,5% de las 160 empresas que conforman la cartera de participadas de la caja está vinculado a actividades inmobiliarias. No obstante, el peso se ha reducido en número de empresas (no en valor), pues en 2008 revelaba un 53,73%.
Sin embargo, el dinero que se destinó el ladrillo casi triplicó los 53 millones que se contabilizaron en 2008, cuando la entidad tuvo que cargar con varias sociedades compartidas con la inmobiliaria Tremón, que suspendió pagos.
Por otra parte, y según reseña también el informe, Cajasur clausuró en 2009 doce oficinas, hasta las 474. Todos los cierres se realizaron en Andalucía, donde a 31 de diciembre tenía 429.
