"Camps será el candidato del PP en Valencia diga la Justicia lo que quiera". La frase es de Mariano Rajoy. Es del pasado día 6. La pronunció el líder de los populares seis días antes de que el Tribunal Supremo decida mañana si reabre el caso por los trajes presuntamente regalados por la trama Gürtel al presidente valenciano y lo sienta en el banquillo.
La contundente frase de Rajoy no sólo evidencia (una vez más) la fe ciega del gallego en su barón valenciano, sino que contraviene el Código de Buenas Prácticas aprobado a finales del pasado año cuando la red Gürtel cercaba Génova -sede nacional de los populares- y además pone de manifiesto (una vez más) el doble rasero con los casos de corrupción.
Este código presentado en diciembre de 2009 e incluso un documento similar de la etapa del ex presidente del Gobierno José María Aznar -aprobado y asumido por el PP en 1993 y revalidado en cada congreso desde entonces- obliga a los cargos públicos y militantes populares a poner su puesto a disposición del partido ante la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional, rechaza que se acepten regalos ajenos a los convencionalismos sociales, las contrataciones a dedo y de forma opaca.
La indignación generada por esa frase de Rajoy -dentro y fuera del PP- fue tal que ayer el dirigente gallego se vio obligado a matizar su apoyo a Camps y afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas y que acatará las decisiones judiciales.
Francisco Camps -al igual que el ex vicepresidente, el entonces secretario general del PPCV y un ex alto cargo valenciano- fue imputado en mayo del pasado año por un presunto delito de cohecho impropio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por vestirse con trajes de la trama liderada por Francisco Correa. Tres meses después la causa fue archivada y recurrida. El tribunal dictaminó que no hubo delito... pero sí regalo. Pese a que Camps siempre dijo que él pagaba sus trajes, el juez consideró demostrado que todos los imputados recibieron dichos regalos de las empresas adjudicatarias del PP y la Generalitat valenciana.
Ni ese auto ni el sumario impidieron que Rajoy siguiera apoyando a Camps. El líder del PP multiplicó sus apariciones junto al president. Camps nunca puso su cargo a disposición del partido y Rajoy nunca se lo reclamó. Una explicación puede estar en el sondeo hecho público el 5 de mayo por el PPCV y que augura que el 45,5% de los valencianos prefiere a Camps frente al 17,9% que se decanta por el socialista Jorge Alarte si se celebraran ahora elecciones.
madrid no es valencia. Tan sólo el levantamiento de la primera parte del sumario del caso Gürtel, que hacía públicas las conversaciones entre Camps y Ricardo Costa -entonces su número dos-, con los cabecillas de la trama en Valencia, enfrió la relación entre ambos líderes. La prensa y sus propios dirigentes exigían a Rajoy algún cese en el feudo valenciano. Sobre todo porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya había forzado, primero, la dimisión de los alcaldes madrileños implicados en la red y, luego, la de los diputados autonómicos. En Madrid ya habían desfilado el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero; el regidor de Arganda, Ginés López Rodríguez, o el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, los diputados Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco o Alfonso Bosch.
Así Ric Costa perdió el cargo y la militancia por un año.Otro barón popular que cuenta con la gracia de Rajoy es Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. Desde 2004 ha sido imputado por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación y, recientemente, un informe judicial, publicado por El País, asegura que ha ingresado 5,3 millones sin justificar. Todo ello no ha impedido que renovara su cargo con el respaldo del PP.
Caso aparte es el del ex tesorero y ex senador Luis Bárcenas. Acusado de recibir 1,3 millones de la red por tres tribunales diferentes ha marcado el ritmo de sus dimisiones. Conservó su despacho en Génova e incluso el partido le pagó su defensa hasta que el levantamiento de la segunda parte del sumario del Gürtel aumentó el asedio. Entonces renunció a su escaño. No tuvo la misma suerte el ex presidente balear Jaume Matas, imputado por desviar 41 millones durante la construcción del Palma Arena. Matas admitió haber pagado en negro. El PP esperó su renuncia voluntaria y Rajoy lo sentenció: "defiéndete, si puedes".
Mañana hablará el TS y Rajoy tendrá otra oportunidad de aplicar el código ético o enterrarlo.
