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Carrillo testificará ante el juez por la reapertura de un edificio en mal estado

La Inspección de Trabajo decretó el cierre de la sede municipal. La diferencia de opiniones sobre su uso en el Gobierno local fue un detonante de la dimisión de Carrillo como edil

el 23 oct 2009 / 18:12 h.

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El edificio municipal sufre un grave deterioro

El juzgado de Instrucción 1 ha abierto diligencias previas y ha pedido la declaración del ex concejal Emilio Carrillo por la reapertura del edificio municipal de Diego de Riaño, que el Ayuntamiento permitió el pasado 7 de mayo a pesar del informe en contra de la Junta de Andalucía por los desperfectos que sufría. Finalmente, una orden de la Inspección de Trabajo determinó su cierre. La denuncia fue presentada por los delegados de Prevención de Riesgos Laborales de los cuatro sindicatos del Comité municipal de Seguridad y Salud: CCOO, UGT, Sppme y SPB.

El entonces concejal de Recursos Humanos y ex presidente del Comité de Seguridad y Salud, Emilio Carrillo, que se opuso a la reapertura creando malestar dentro del propio Gobierno municipal, ya que otros concejales abogaban por retomar la actividad, deberá acudir al juzgado como testigo el próximo lunes 26.

La reapertura fue decidida por el edil Joaquín Díaz, entonces presidente en funciones del Comité y concejal responsable del área de Conservación de Edificios Municipales, cargo que conserva.

El enfrentamiento entre Carrillo y el resto del equipo de Gobierno por la reapertura del edificio, desalojado tras sufrir temblores causados por una obra anexa, fue uno de los desencadenantes de la dimisión de Carrillo.

Posteriormente, la Fiscalía respaldó con una denuncia la acción sindical. En el escrito de la Sección de Siniestralidad Laboral, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público consideraba que los hechos denunciados, en principio, "podrían ser constitutivos de infracción penal".

La denuncia de los sindicatos recordaba que el inmueble fue reabierto tras la orden del presidente en funciones del Comité de Seguridad, Joaquín Díaz, que instó a la reincorporación "inmediata" de los trabajadores. Añadía además que la decisión se tomó con pleno conocimiento de un informe de Prevención de Riesgos Laborales de 27 de abril que aseguraba que la situación del edificio no había cambiado y podía suponer "un riesgo grave e inminente para la integridad física de los trabajadores".

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