664 menores en Andalucía, la mayoría entre 13 y 18 años, están diagnosticados de trastorno grave de conducta. 107 están ingresados en centros. El Defensor calcula que son sólo una pequeña parte y que el 1% del millón y medio de andaluces hasta 18 años los padece. Exige más recursos y más coordinación.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, asegura que "no hay que obsesionarse" pero sí ser muy conscientes del "grave problema creciente que sufren muchas familias andaluzas" con hijos que padecen trastornos de conducta o del comportamiento y que, en la mayoría de los casos, ni siquiera están diagnosticados.
Detrás de un niño pandillero, violento, vándalo, tras los casos de acoso escolar o el fenómeno de la botellona puede existir, en algunos casos, una enfermedad mental sin diagnosticar que está haciendo sufrir al menor y a su entorno, alertó ayer Chamizo. En otros, también aclaró el Defensor, es sólo "crueldad o maldad que los adolescentes no controlan".
La mayoría proceden de familias "perfectamente normalizadas" y el 70% de los casos los protagonizan chicos, casi todos con conductas agresivas y violentas. El también Defensor del Menor presentó ayer en el Parlamento un informe especial de su oficina sobre Menores con trastornos de conducta en Andalucía. Un volumen de 232 páginas que radiografía una realidad muy dura y con muy pocos medios a su disposición para buscar soluciones, según denunció Chamizo. Alrededor de 300 quejas recibidas en dos años llevaron al Defensor a elaborar este informe.
Unos padres se presentan en las urgencias de un hospital público una noche después de sufrir lesiones ocasionadas por uno de sus hijos, que ha sufrido un brote de violencia. Están en un callejón sin salida. Es la dura historia que relata una de las quejas recibidas por el Defensor. Refleja el calvario que sufren muchos hogares. Ni el colegio, ni los servicios sociales ni el centro sanitario habían sido capaces de articular una respuesta para estos padres.
Chamizo alertó de la falta de recursos y coordinación en la administración y reclamó que la atención a estos menores salga de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y pase al paraguas de Salud. Según explicó desde el sistema educativo estos casos no se diagnostican y se afronta el problema con un enfoque estrictamente disciplinario y sancionador, para que la normalidad vuelva al aula.
Desde el área de servicios sociales, denunció el Defensor, tampoco hay respuestas para los menores que provocan inseguridad y alarma social. Ni siquiera Salud dispone de recursos para abordar estos problemas, según Chamizo, con "colapso" en las unidades mentales de atención infantil y juvenil, en las que "las citas se dan muy de tarde en tarde". Con todo, subrayó el Defensor, la Junta es una de las pocas administraciones que cuenta con una red de centros especiales de internamientos.
El Defensor recomendó a los padres que detecten un problema en un hijo que acudan a su centro de salud porque es el médico de atención primaria el que debe diagnosticar el trastorno y "no quedarse en la típica historia de que el niño es un gamberrete, ojo". La mayoría de los padres, aseguró Chamizo, terminan buscando auxilio en un psiquiatra o psicólogo por la vía privada.
