El pasado lunes, Lehman Brothers -uno de los mayores bancos de inversión del mundo- quebró con deudas por encima de los seiscientos mil millones de dólares. Igualmente, otras instituciones financieras se están yendo a pique. Se dice que éste es el peor momento financiero desde el crack de 1929. Esta crisis global puede poner en peligro nuestros trabajos, ahorros, pensiones y servicios públicos por culpa de un mercado financiero que ha estado escasamente regulado y aún menos controlado en los últimos años. Se corre el riesgo de que la crisis, cada vez más grave, desencadene en una recesión mundial y perjudique sobre todo a quienes menos tienen.
Los mercados financieros mundiales han parecido caballos indomables. Ante la desregulación, algunas entidades financieras, buscando rentabilidad a corto plazo a través de la laberíntica complejidad financiera, han acumulado enormes deudas y riesgos sin la supervisión adecuada. Por eso, ahora, incluso los defensores del libre mercado piden más y mejor normativa.
Conviene, en estos momentos, reivindicar el papel del Estado como regulador. La idea fundamental por la que existe el Estado Social radica en el objetivo de que el bien común no resulte automáticamente de la libre concurrencia de las fuerzas sociales y de los individuos, sino que el mismo requiere que el Estado, con su autoridad, arbitre una compensación de intereses. En este sentido, el Estado social persigue una justicia diferenciadora en función de criterios, objetivos y necesidades sociales. La más evidente consecuencia de estas dimensiones estatales es, sin duda, la interrelación que se establece entre el Estado y la sociedad, en la cual el Estado adopta una posición de constante regulador de la misma. El Estado asume el objetivo de asegurar la estabilidad de una sociedad cada vez más compleja, transformándose el papel clásico de la legislación, en el sentido de que ésta se convierte en un instrumento de intervención.
Se pierde, por tanto, la primacía de la libertad individual en los ámbitos social y económico, atendiendo el Estado en su actividad a la satisfacción de unos intereses colectivos. La asunción de este pluralismo social lleva a un Estado intervencionista, cuya función ha de ser ordenar la sociedad en su pluralidad, procurando evitar los desequilibrios sociales y las crisis económicas que particularmente gravan a las clases peor dotadas.
Pero el Estado social se encuentra con la barrera de las fronteras para conseguir sus fines de justicia. Por ello, la reforma de los mercados financieros, a través de una transparente regulación internacional y de un eficaz control, es un paso vital hacia una globalización más justa.
